A escrutinio ley de Guardia Nacional

Felipa Nery

La característica de una República Democrática, es que el Poder absoluto no recae en una sola persona como ocurría en los tiempos de las monarquías, donde un solo hombre se encargaba de administrar, hacer las leyes y aplicarlas, en una República Democrática el poder está dividido. México es una República Representativa, democrática, laica y federal, de acuerdo con el artículo 40 Constitucional; esa división de poderes recae en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, es decir, hay un sistema de pesos y contrapesos. Hay controles a las decisiones del gobierno, a la creación de leyes. Además de esta división de Poderes, México adoptó desde el año de 1990 la figura sueca del Ombudsman, o defensor del pueblo, que nació para defender a los gobernados de la violación de sus derechos humanos, mejor conocida como Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aunque ya contábamos con la Ley de Amparo, como protectora de las Garantías Individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; posteriormente, con la reforma constitucional del 2011 la CNDH adquirió autonomía constitucional, sin embargo no podemos negar que los Presidentes de la CNDH que se elegían con la intervención del Senado de la República y la participación de las organizaciones de la sociedad civil, se procuraba que fueran personas afines al Poder Ejecutivo en turno, es decir, se buscaban personas que no le provocaran mayores ruidos al Ejecutivo con sus recomendaciones, incluso con la misma idea fue electo el actual presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, quien se desempeñaba como el jurídico de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero ante las violaciones graves a los derechos humanos evidenciadas por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con las desapariciones forzadas, los asesinatos de periodistas y demás violencia que vivimos en México, al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no le quedó de otra, más que asumir el papel que realmente le corresponde, de ser el defensor del pueblo, por eso vimos a Luis Raúl González Pérez, emitiendo desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, recomendaciones que realmente defendían los derechos de los gobernadores, como ocurrió con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, y también la promoción de la Acción de Inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior que aprobó el Congreso de la Unión, que permitía la actuación del Ejército en las calles, con facultades para detener e investigar, ley que fue derogada al declarar su inconstitucionalidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el nuevo gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador promovió una nueva ley que creó la Guardia Nacional, disposición normativa que también ha sido impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la SCJN ya ha admitido la investigación sobre el uso de la fuerza, del registro de detenciones y del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto de ninguna manera debe verse como una afrenta con el Poder Ejecutivo, sino como hechos cotidianos que deben ocurrir en una democracia, que sus leyes estén sometidas al escrutinio de la SCJN, para que esta declare si son constitucionales, o no.