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Felipa Nery

El gobierno del licenciado Adán Augusto López Hernández, presentó denuncia penal ante la Fiscalía del Estado, en contra de la delegada de LICONSA, Edith Villarreal y Héctor Raúl Cabrera Pascasio, ex delegado de la SEDESOL, a quienes acusan de utilizar recursos públicos con fines electorales. Recordemos, que uno de los compromisos principales del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue el de promover que se tipificara como delito grave el uso de recursos públicos con fines electorales y aquí en Tabasco el gobernador Adán Augusto también ha secundado las políticas anticorrupción que a nivel nacional encabeza el mandatario nacional. A la denuncia que ha presentado la coordinación de asuntos jurídicos ante la Fiscalía del estado, para que se investigue y castigue el uso de recursos públicos con fines político-electorales, ha respondido la diputada priísta, Ingrid Rosas, esposa del ex delegado de SEDESOL, señalando que este asunto es porque ella ha reclamado transparencia en el manejo de los recursos del Congreso del Estado y porque aspira a ser la dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional. Por supuesto que el esposo de la diputada Ingrid tendrá que defenderse, porque la denuncia penal ha sido en contra de él y no de la legisladora, a menos que en este uso de los recursos públicos con fines electorales que se denuncia, se involucre a la diputada. Guillermo del Rivero, responsable de la coordinación jurídica ha dicho que cuentan con las pruebas suficientes, para sustentar la demanda que han presentado, ahora corresponderá a la Fiscalía de delitos electorales investigar y proceder, si es como señala del Rivero. El gobierno de MORENA ofreció acabar con el uso de los recursos públicos para beneficios electorales, en Tabasco, sabemos que estas prácticas se volvieron común desde hace décadas, que se utilizaron los recursos públicos como dádivas, para premiar o castigar a los electores, es decir, que aquellos ciudadanos que votaban en los procesos electorales a favor de quien ganaba, recibía los programas sociales, y los que no votaban a favor de quien ganó, era castigado, dejándolo sin recibir ningún beneficio, a pesar de que eran personas que vivían en pobreza extrema; esto hacían quienes ganaban, pero también lo hacían y lo siguen haciendo el día de hoy, quienes ocupan cargos públicos, tanto del ámbito municipal, estatal y federal, en los que hay manejo de recursos económicos o programas sociales, para tratar de ganar la simpatía de la gente y obtener su voto en los procesos electorales venideros. Esto, por supuesto que es antidemocrático y lo sabe muy bien el Presidente Andrés Manuel, quien en Tabasco no pudo ser gobernador y a nivel nacional le obstaculizaron en dos ocasiones su triunfo en la Presidencia de la República, precisamente por utilizar los recursos públicos con fines políticos. Esperemos que esta primera denuncia penal que se ha presentado en Tabasco en la Fiscalía, por el uso de los recursos públicos con fines electorales, se investigue a fondo y si existen los elementos que prueben lo que se dice, se castigue el hecho, para impedir que se mantenga la perversión de la democracia, que aquí imperó en los gobiernos del PRI y del PRD.


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