Felipa Nery
Ayer se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, instituido en 1975 por la Organización de las Unidas, con el fin de conmemorar a las mujeres trabajadoras, impulsar su emancipación, desarrollo y visibilizar las desigualdades en las que vive; en este mismo año la Organización de las Naciones Unidas celebró en México la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, en la que se aprobó el Plan de Acción Mundial para la Consecución de los Objetivos del Año Internacional de la Mujer, que estableció igualar a la mujer, en su derecho para acceder a la educación, al trabajo, a la participación política, a la salud, vivienda, a la alimentación, a la planificación familiar, entre otros.
De las conclusiones de la histórica conferencia celebrada en la Ciudad de México, surgió la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la mujer, adoptada en 1979; en esta Convención que se conoce como el logro más importante de las mujeres en su lucha histórica a favor de la reivindicación de sus derechos humanos, señala a los Estados, la obligación de consagrar la igualdad de género en su legislación nacional, derogar disposiciones discriminatorias en sus leyes y promulgar nuevas disposiciones para proteger a la mujer; establecer tribunales e instituciones públicas para garantizar a las mujeres una protección eficaz contra la discriminación practicada por personas, organizaciones, empresas y por supuesto, el mismo Estado.
El artículo primero de la misma, define la discriminación contra la mujer, como: cualquier distinción, exclusión o restricción hecha en base al sexo, que tenga el efecto o propósito de disminuir o nulificar el reconocimiento, goce y ejercicio por parte de las mujeres, independientemente de su estado civil, sobre la base de igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económico, social, cultural o cualquier otra.
Si bien en México se han ido armonizando las disposiciones que desde la Constitución y las leyes discriminaban a la mujer, así como promulgando otras, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, y la creación de instituciones para promover estos derechos, como un Instituto Nacional de las Mujeres, uno similar en cada entidad y en los municipios, así como fiscalías especializadas para atender la violencia contra la mujer, al día de hoy siguen sin conseguirse esos objetivos que se propusieron en 1975, porque ha faltado voluntad política para lograrlo, porque los gobernantes no tienen el conocimiento de la realidad sobre las desigualdades y violencia que viven las mujeres y piensan que porque lo dice el artículo cuarto constitucional, el hombre y la mujer, son iguales ante la ley.
México empezaba a caminar con pasos firmes después del año 2000, en esos objetivos, hasta que llegó Felipe Calderón a la Presidencia de la República y declaró la guerra contra el narcotráfico y esto detonó la violencia contra la mujer, porque durante su administración se registraron 4 mil 112 feminicidios, un 68% de los que habrían ocurrido en el sexenio anterior, según ha documentado la AC, Católicas por el Derecho a Decidir, quienes también indican que del 2010 al 2012 habían 7 mil mujeres desaparecidas y de esas el 51% eran jóvenes de entre 11 y 20 años que podrían estar siendo explotadas en la trata.
Y en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, reportó que se registraron 12 mil 796 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo en el 22% de los casos se iniciaron investigaciones por feminicidios, y en lo que va de la actual administración, al incrementarse la violencia en general, también han incrementado los feminicidios, al grado que hoy se reportan hasta nueve feminicidios al día y hay organizaciones de feministas que hablan de diez.
Este es el motivo por el que la feministas, han convocado para un día después de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, a realizar un paro general de mujeres, ante el incremento de feminicidios, mujeres que mueren por golpes, estrangulamientos, asfixias, quemaduras, apuñaladas, envenenamiento, quemadas, mutiladas, con armas de fuego y todo tipo de tortura que se le pueda ocurrir a las personas que las privan de la vida, que en la mayoría de las ocasiones se trata de su esposo, ex esposo, novio, pareja, persona que debía protegerla, o bien en el transporte público, o en lugares solitarios, donde los hombres las someten por la fuerza.
La irritación de las mujeres es porque desde el gobierno federal se ha considerado que el combate a la violencia debe ser igual para todos, y estas no son las directrices que han marcado los tratados internacionales que México ha reconocido y la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se debe investigar tanto los feminicidios, como todo tipo de violencia contra la mujer, con perspectiva de género, porque las mujeres asesinadas, en su gran mayoría no mueren por estar involucradas en cuestión del narcotráfico u otros delitos, sino que son asesinadas por sus propias parejas, por celos, por estar alcoholizados, drogados, y si bien el gobierno dice hoy que es violencia doméstica, eso no lo excluye de responsabilidad, porque ya decíamos al inicio de este artículo, que desde 1979, México está obligado por la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer, a adoptar todas las acciones a su alcance para proteger a la mujer.
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