Luis García
Muy activo comenzó el mes de diciembre en materia política y sobre todo en actividades de aspirantes a la presidencia de la República, ahora no solo por Morena donde las famosas corcholatas andan alborotadas por encontrar adeptos para cada una de sus causas. Desde Marcelo Ebrard que ya presentó su estructura, hasta Ricardo Monreal que cada vez está más afuera que dentro del morenismo puro. Pero lo más fuerte son las declaraciones de Claudia Sheinbaum contra el INE.
La semana pasada la jefa de gobierno de la CDMX denunció que: “recibí una notificación de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) que me obliga, como medida cautelar (aunque no es el fondo del asunto), a publicar un texto que no es de mi autoría y con el que no estoy de acuerdo”. Manifiesta la gobernadora que el INE demuestra un sesgo, talante antidemocrático y conservador, al ordenarle que en medios de comunicación social y con recursos públicos pida a la ciudadanía que no ejerza sus libertades.
Expresa además que es verdaderamente increíble que el INE, quien supuestamente es garante de la democracia y la libertad de expresión, imponga está medida que a todas luces tiene un carácter de parcialidad y autoritarismo. Acto seguido indica que “publico el texto que me fue ordenado para cumplir con la resolución, pero informo que apelaré”. En palabras más palabras menos, la gobernadora expresa que no tiene nada que ver con la propaganda que se ha realizado en varias ciudades del país. Y le hace un llamado a todos sus simpatizantes a que dejen de hacer propaganda de distintas formas. Y quienes ya lo hayan hecho que procedan a retirarlas.
La realidad es que lo indicado por el organismo electoral es correcto porque nadie puede estar por encima de la ley y mucho menos hacer pensar a la sociedad que la libertad de expresión es parte de toda esa trama que ellos han establecido. Ciertamente el articulo 6 constitucional expresan que todos tenemos derecho a ejercer nuestro derecho a decir lo que queramos, pero tampoco nos dice que no es correcto hacer campañas a favor de uno mismo, mucho menos cuando se es funcionario y que se tiene acceso a recursos públicos.
Pero que dice el articulo sexto: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”. Desde esa perspectiva Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal por decir los que más se han mostrado, podrían entrar en este concepto como ciudadanos mexicanos que son, seguramente que sí. Pero recordemos que ellos son funcionarios públicos y representantes populares, tienen un estatus distintos y deben de ceñirse a lo que dice la ley electoral de nuestro país.
El gran cuestionamiento es ¿quién tiene la razón?. El Instituto Electoral o los funcionarios como Claudia Sheimnbaum o el mismo presidente de México quien fue el que nos recordó lo que marca el articulo 6 constitucional.
A los ojos de todos los mexicanos la realidad es que las tres corcholatas y el incomodo de Ricardo Monreal están en plena precampaña política, estan fuera de los tiempos establecidos, son funcionarios, manejan recursos públicos en todos los sentidos, y vendría la siguiente pregunta: ¿Están jugando de manera honesta o chueca?
¿Es correcto o no lo que estan haciendo los aspirantes presidenciales, están jugando desde dentro con toda la estructura a su favor. Fuerte cantidades de dinero estan circulando por todo el país para solventar las campañas y tener presencia nacional. ¿Y eso quién lo paga? ¿a poco sale de las bolsas de los funcionarios que participan? Por favor no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, o todo lo contrario.
SE VAN AL PLAN B; NO PASA REFORMA ELECTORAL DE AMLO
Tal como se había pronosticado en el sentido de que no pasaría la reforma electoral que tenía como principal objetivo la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE), ayer el pleno de la Cámara de Diputados desechó el dictamen de reforma político-electoral propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por 225 votos en contra de las bancadas de oposición, PAN, PRI, PRD y MC, y 269 a favor de Morena, PVEM y PT, que planteaba reformar la Constitución para suprimir al Instituto Nacional Electoral (INE), y en su lugar crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
Pero a los integrantes del partido del presidente y de sus aliados PVEM y PT solo les quedó el consuelo de entrar en el plan B de inmediato que tiene como objetivo reformas a las leyes secundarias.
El dictamen obradorista, proponía eliminar 200 diputados y 32 senadores; reducir el financiamiento de los partidos políticos; redefinir el concepto de “propaganda” para que el Gobierno se pronuncie durante las campañas y elecciones; y que la elección de los consejeros del INE fuera mediante el voto de la población. Beneficiando todo ello al propio gobierno de la República.
Facebook
Twitter
YouTube
