Miles de pequeños negocios perdieron sus ingresos diarios por cortes de luz que en algunas provincias ecuatorianas superaron las cinco horas en promedio. Y esta situación, supuestamente, no debía ocurrir después que en enero pasado la Asamblea Nacional aprobó una ley “Cero apagones” para facilitarle al gobierno varias acciones para afrontar los estiajes y para la potenciación eléctrica en las centrales térmicas e hidráulicas.
Esto ocurrió a pocos días de la Consulta Popular a la que le apuesta todo el presidente Daniel Noboa. Y también cuando la sesión extraordinaria de CELAC condenaba por unanimidad el asalto a la embajada mexicana en Quito. Y en función de eso, el gobierno ecuatoriano decretó la emergencia energética, que a decir de los especialistas no resolverá nada porque “no se tomaron a tiempo las medidas urgentes”.
Si hasta el fin de semana ya había perdido apoyos sustanciales en al menos dos de las once preguntas de la Consulta, el malestar por la ausencia de energía eléctrica desató la renuencia intensiva de la ciudadanía en redes sociales y en algunas poblaciones que protestaron en la calle.
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