SE DICE LIMPIO.- El presidente consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Rosendo Gómez Piedra, afirmó ayer que impugnará. Mientras que su compañero y ex presidente del mismo organismo, Gustavo Rodríguez Castro, acusó al Congreso del Estado de ser el responsable del linchamiento en su contra.
AFIRMA EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ROSENDO GÓMEZ PIEDRA, QUE NO HA COMETIDO NINGUNA INFRACCIÓN A LA LEY; DENUNCIA QUE EXISTE UNA MALA INTERPRETACIÓN DE PARTE DE LA CONTRALORA INTERNA MOREYMA ROMERO, POR LO QUE AL MOMENTO DE SER NOTIFICADO DE SU SUPUESTA INHABILITACIÓN, PROCEDERÁ A INTERPONER UNA IMPUGNACIÓN; MIENTRAS QUE GUSTAVO RODRÍGUEZ CASTRO, CULPA DE TODO AL CONGRESO DEL ESTADO Y LO ACUSA DE HABERSE EXTRALIMITADO
LUIS MIGUEL MALDONADO
AVANCE
El consejero presidente provisional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Rosendo Gómez Piedra, afirmo categóricamente que no ha cometido ninguna infracción a la ley, con respecto a la compra del nuevo edificio y por ello dijo tener confianza en las leyes y en la justicia.
Aseguró que como las leyes se aplican por humanos y los humanos en la aplicación y en la interpretación de la ley pueden haber errores y la misma ley contempla los recursos para los efectos de poder subsanar una mala interpretación o un error de la ley, considera que esto es lo que ocurre con la resolución presentada por la contralora interna Morayma Romero Herrera, al solicitar la inhabilitación de todo el consejo estatal.
Ante esto, manifestó “en su momento voy a interponer el recurso en contra de esta resolución tenemos cuatro días para ese efecto después de la notificación” y señaló que sus acciones de defensa lo hará de manera personal y señaló que sus demás compañeros estarán en las mismas circunstancias, pero no podía hablar por ellos, sino que hablaba en el aspecto personal.
Cuestionado sobre la devolución de los recursos por 12 millones de pesos, señaló que para ello la contralora interna debe dar vista al Organero Superior de Fiscalización (OSF) del Congreso del Estado, quien tiene la facultad para iniciar un procedimiento que se llama resarcitorio, donde este tendrá que llamar a los responsables de los hechos para que restituyan en el dinero.
Explico que se habla de 12 millones de pesos, porque es la suma de los 8 millones que hay entre la diferencia que hay entre el avaluó que emite el colegio de valuadores y el avaluó con que se compró el edificio, mas todo lo que se invirtió en reparación, remodelación, proyectos de ampliación, pagos de valuadores, rentas que se han pagado después que el comité dijo que ocuparía en septiembre del 2011 el edificio y todo eso se hace la suma de los 12 millones de pesos que determino la contralora.
Dejo claro que una vez que lo notifiquen sobre la resolución, él seguirá trabajando de manera normal y que el propio instituto seguirá trabajando de manera normal y que sería el Congreso del Estado que con una medida preventiva pudiera hacer caso a lo que está solicitando la contralora y separarnos del cargo a todos, pero a que a su vez tiene el derecho de apelarla.
Finalmente dijo que está a favor que se lleve a cabo un procedimiento penal, “desde luego, yo pido que se haga esa denuncia penal”, para que se castigue a los responsables.
