FELIPA NERY
“En los campos de la vida, no hay más
que una primavera.” (Lope de Vega)
El término democracia se refiere a un sistema de gobierno en el que el pueblo ostenta la soberanía, es decir, es el que elige a sus gobernantes, pero este gobierno debe tener las siguientes características: una constitución, que limita los diversos poderes y controla el funcionamiento formal del gobierno y constituye de esta manera, un estado de derecho, una división de poderes, el derecho a votar y ser votado, el derecho a la propiedad, la existencia de partidos políticos, el respeto a la libertad de expresión, de prensa, el acceso a fuentes de información de las actividades del gobierno, o derecho a la información, libertad de asociación y el respeto a los derechos humanos, en general. Se supone que a partir del primero de enero en Tabasco tenemos a un gobierno demócrata, un gobierno distinto al que nos gobernaba. Quienes hoy están en el poder los acusaban de autoritarios y de controlar desde el Ejecutivo a los otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial; acusaban al anterior, de no respetar los derechos humanos, y de otros tantos antivalores antidemocráticos. Sin embargo, a partir de la inauguración de esta nueva administración que llegó al poder emanada de las filas de los partidos que se dicen de izquierda liberal, hemos visto muchos atropellos a lo que debería ser el estado de derecho, es decir, han incurrido en violaciones a las leyes, a las instituciones legalmente establecidas y a los derechos garantizados en distintos ordenamientos jurídicos, por lo que se considera que los nuevos gobernantes buscan revanchismos políticos, atropellando el estado de derecho. En este mismo espacio hemos dado a conocer cada una de las arbitrariedades cometidas, la última, fue la suspensión del titular del Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado, Francisco Rullán, de quien el vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRD, señaló que había sido separado de su cargo, a pesar de no tener las pruebas que lo responsabilizaran del desfalco económico de la administración anterior; por lo anterior, Rullán Silva solicitó el amparo de la justicia federal para ser restituido en sus derechos y en el cargo, y el pasado viernes un juez de distrito ordenó la reinstalación inmediata en su cargo, por lo que a los perredistas no les quedará de otra, más que permitir que el titular de Órgano de Fiscalización, Francisco Rullán Silva retome la encomienda que la legislatura pasada le dio. Sin embargo, el pasado sábado se reunió la cúpula de los diputados del PRD encabezados por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Rafael Abner Balboa, con el secretario de Gobierno, Raúl Ojeda Zubieta, y el coordinador de asuntos jurídicos del gobierno del Estado, Juan José Peralta Fócil, para acordar los mecanismos legales que adoptaran esta semana, e intentar de nueva cuenta la destitución del Fiscal Francisco Rullán Silva, a quien al parecer, ahora lo van a acusar de ser el responsable de la debacle económica que sufrió el gobierno que terminó sus funciones el 31 de diciembre pasado; claro nuevamente lo acusarán de lo mismo sin tener las pruebas, porque el mismo gobierno del Estado ha dicho que no han detenido a altos funcionarios de la anterior administración y del mismo ex gobernador Andrés Granier, porque no tienen las pruebas para incriminarlos. Lo que se observa con este nuevo gobierno, es una grave violación a los principios democráticos, que no existe separación de poderes, por el contrario, hay acuerdo entre el poder Ejecutivo y Legislativo para atropellar a las instituciones legalmente establecidas. Si Francisco Rullán Silva es responsable de todo lo que lo acusan, que procedan legalmente, pero que no pretendan atropellar el derecho, para que no sigan quedando exhibidos como verdaderos impostores de la democracia.
