FELIPA NERY
“Las vanas pretensiones caen al suelo como las
flores. Lo falso no dura mucho.”
(Cicerón)
Gandhi decía, ojo por ojo y el mundo acabará ciego, y a esto habría que agregarle, el dicho de Jesús: que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, lo anterior, en relación a las autoridades que hoy han llevado a la cárcel a la señora Carmen Torres Díaz y persiguen a Juan Diego López Jiménez, por el daño moral que le causaron al menor de Chiapas Feliciano Díaz, a quien Juan Diego jaloneó, obligó a tirar sus dulces y le quitó unas cajetillas de cigarros que vendía. Juan Diego está acusado de los posibles delitos de abuso de autoridad y robo con violencia moral, en tanto que a Carmen Torres se le vincula con el inspector de la Zona Luz Juan Diego, por no impedir el abuso ejercido sobre el menor, así como por encubrimiento por favorecimiento. Las autoridades estatales han actuado asustadas por el escándalo nacional que provocó en las redes sociales y en los medios de comunicación nacional la violencia moral a este pequeño, y sobre todo, por la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la atracción del caso, pero definitivamente, una violación a un derecho humano, no se puede resolver con nuevas violaciones, ahora, a los derechos de Carmen Torres. A la señora Carmen Torres, la acusan de no haber impedido el abuso contra el menor, entonces al igual que a esta mujer, tendrían que ser llamadas todas las autoridades estatales y municipales que no han intervenido para atender el problema de esos menores de edad que son explotados por mayores, y que a decir del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Manuel Argaez de los Santos, se tenía conocimiento de que se da la explotación de estos menores de edad, y según la ley de protección a los menores están obligadas a vigilar que no sean explotadas y deben procurar que vivan en un ambiente de armonía junto con sus familias. La violencia no se va a resolver con más violencia. El hecho de que Carmen Torres esté hoy recluida y Juan Diego esté prófugo de la justicia, significa que dos familias han quedado desamparadas, niños menores se han quedado sin el amparo unos de su madre y otros, de su padre, ambos eran el sustento de sus respectivas familias. Y tampoco nos vengan a decir que con el hecho de encarcelar a estas personas van a resolver todo el problema de violencia psicológica que se ejerce en contra de no sólo de este niño Feliciano, sino de todos los niños que andan deambulando por la ciudad y la entidad. Las autoridades gubernamentales tienen que trabajar por una cultura de paz. La señora Carmen Torres no tendría por qué ir a dar a la cárcel, ella debió obtener su libertad bajo caución, porque el delito del que se le acusa, no es grave, pero como es un mujer que no cuenta con recursos económicos, entonces por eso estará en un reclusorio, un centro que no es de readaptación y en el que la señora podría aprender de tanta maldad que hay allá adentro. La conciliación de los delitos se debe procurar en todos los casos, pero como el gobierno estatal se asustó por el escándalo y la intervención de la CNDH, encarcelando a estas personas quieren lavar su imagen y la responsabilidad no asumida de origen, que es la de la protección a los desvalidos que están en las calles, porque Juan Diego actuó de la forma en que lo hizo, porque es el protocolo que les han enseñado a los inspectores de la Zona Luz y de Reglamentos de los municipios, esa es la forma común de actuar, arrebatarles sus productos, no sólo a menores, sino también a adultos que necesitados de ganarse un peso, salen a las calles a vender sin tener un permiso para hacerlo.
