FELIPA NERY
“En la escala del amor, la mujer está unos peldaños por encima del hombre. El día en que el amor domine sobre la violencia, la mujer será la reina del mundo.” (Flora Tristán)
En este primer semestre de la actual administración van seis mujeres que han fallecido ya por feminicidio, el mismo Procurador general de Justicia, Fernando Valenzuela Pernas ha reconocido que se han suscitado siete casos que se podrían considerar como delitos feminicidas, por la forma en que algunos de los casos registrados se originaron y que encuadran en la tipicidad que define el Código Penal del Estado de Tabasco, como la existencia entre el activo y la víctima de una relación de hecho, amistad o laboral, porque las víctimas han presentado signos de violencia sexual y se les han infligido lesiones previas o posteriores a la privación de la vida, y que cuerpo de las mismas ha sido expuesto en forma degradante en lugar abierto. Algunas organizaciones como el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB), que encabeza la licenciada Lorena Sánchez, han demandado al gobierno emitir una declaratoria de alerta de género contemplada en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, la cual consiste en una solicitud que debe hacer el gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de las Mujeres al gobierno federal y de forma directa a la Secretaría de Gobernación, para que éste coadyuve a garantizar la seguridad de las mujeres, cese la violencia en su contra y se elimine el inminente peligro en el que se encuentren. Esta misma normatividad considera como feminicidio a la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. De los siete casos de feminicidio que han cimbrado a la entidad, ninguno ha sido esclarecido, por lo que la falta de prontitud para dar respuesta a la sociedad sobre los responsables de perpetrar tales actos, se puede considerar como impunidad por parte del Estado; hasta ahora, no sabemos con precisión, quiénes privaron de la vida en Ixtacomitán, a la señora, su bebita, y a la joven que trabajaba con ella, se han señalado algunas hipótesis, pero hasta ahora, no hay responsables en la cárcel por este impactante hecho; tampoco se ha dicho si los detenidos en el municipio de Cárdenas son los responsables del homicidio de las dos menores en el municipio de Cunduacán, las cuales fueron ultrajadas y degolladas; tampoco se sabe, quién asesinó a la joven que apareció violada y asesinada en el municipio de Cárdenas. Sin duda que todos estos hechos sangrientos y feminicidas, son producto de la descomposición social que vive la entidad y el país, pero las autoridades estatales no se pueden escudar en estas razones, sino que es su compromiso es adoptar medidas preventivas que permitan a las mujeres tratar de evitar ser presas de actos como los que se han conocido, pero hasta ahora no vemos en los medios de comunicación masiva, ninguna campaña intensa que advierta a las mujeres sobre el grave peligro, ni las acciones que pueden adoptar, para evitar correrlo. La semana pasada el gobierno del Estado realizó dos eventos, el primero encabezado por el secretario de gobierno, Raúl Ojeda Zubieta, y el segundo con la presencia del gobernador Arturo Núñez Jiménez, la presidenta del DIF, Marta Lilia López de Núñez, la directora del Instituto Estatal de las Mujeres, Leticia Romero Rodríguez y los representantes de la seguridad pública en la entidad, con la finalidad de tomar decisiones que incidan en la protección de los derechos humanos de las mujeres, sin embargo, no vemos ni escuchamos estas acciones por ningún lado.
