Por: Felipa Nery
Las más de 291 mil firmas de ciudadanos de todo el país que fueron presentadas en el senado de la República para impulsar la “Ley 3 de 3”, que obligaría a los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno a hacer pública su declaración Patrimonial, Fiscal y de Intereses, no prosperó a como se proyectó; la ley aprobada obliga a los funcionarios a presentarlas ante la autoridad correspondiente, pero no a hacerlas públicas. Por el contrario, los senadores y diputados que aprobaron esta ley, le viraron la responsabilidad a los ciudadanos y empresarios que la impulsaron, porque en la misma se estableció que cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios, tendrán la obligatoriedad de presentar declaraciones patrimoniales y de interés y hacerlas públicas; en tanto que los funcionarios públicos podrán ocultar los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Ciudadanos y empresarios promovieron esta iniciativa, con la finalidad de combatir la corrupción entre los servidores públicos, que aprovechándose de sus cargos e influencias hacen negocios con sus amigos y de la noche a la mañana se convierten en millonarios a partir de los cargos de presidentes municipales, diputados, secretarios de estado, gobernadores y hasta el Presidente de la República ha sido alcanzado en los escándalos de corrupción. En el gobierno del panista Vicente Fox, a quien se señalaba de actos de corrupción por las influencias de su madre, era a los hijos de Marta Sahagún, esposa de Vicente Fox; y en esta administración los escándalos por supuestos conflictos de intereses, han alcanzado al presidente Enrique Peña Nieto y a su esposa Angélica Rivera, quienes habrían adquirido propiedades a un empresario que le prestaba servicios, primero al gobierno del Estado de México y después, al gobierno federal; sin embargo, el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, después de hacer las investigaciones que le instruyó el mismo presidente Enrique Peña Nieto, concluyó que no había conflicto de intereses, ni corrupción, en la adquisición de las propiedades. Si bien ahora los diputados del PRI y del Verde, no permitieron aprobar esta ley como les fue planteada, también algunos del PRD y del PT, tienen responsabilidad, porque se salieron antes de la votación, se negaron a obligar a los servidores públicos y a ellos mismos a transparentar sus ingresos, aunque con las declaraciones que deberán transparentar los empresarios, se podrá investigar de dónde proceden los contratos y las relaciones entre quien los otorga y quien realiza las obras, o presta los servicios a los entes públicos. Por lo pronto, quien ya es cuestionada por negarse a hacer pública su declaración patrimonial, es la aspirante a candidata presidencial por el PAN, Margarita Zavala, quien se pronunció a favor de esta iniciativa ciudadana, pero ella se ha negado a hacer pública su declaración, y según se sabe, tanto ella, como el ex presidente Felipe Calderón, su marido tienen guardias militares y civiles y servicios de transportes tanto terrestre, como aéreo, con cargo al erario público. O sea, que hacen campaña con el presupuesto público.
