Estamos en un momento muy trascendente en la vida Nacional. Se está implementando a nivel de las entidades federativas -y tenemos como fecha límite el 18 de julio- el Sistema Nacional Anticorrupción, que ha avanzado en la etapa federal y en muchas de las entidades federativas.
Este sistema fue planteado desde su toma de posesión por el Presidente Enrique Peña Nieto, y es una respuesta a una necesidad objetiva que se le plantea al país, que ha llevado (en función de reiterados comportamientos indebidos de servidores públicos prominentes) a un descrédito de la política en general y de la función pública en particular.
De alguna manera, la transición democrática del país generó algunos daños colaterales; uno de ellos fue control político que en el antiguo régimen, el de la Revolución Mexicana, con un sistema de partidos hegemónico y un presidente de la República hegemónico, se ejercía con las metaconstitucionales del presidente de la República. No es que se la diera la Constitución, se las daba el proceso político por su doble condición de presidente de la República y líder nacional del partido hegemónico.
La opinión del presidente era determinante para definir las candidaturas a cargos de elección popular, y de determinante se fue volviendo, con el paso del tiempo, en arbitraria. No importaba la trayectoria, lo que importaba era la cercanía al titular del Poder Ejecutivo.
Y en ese sentido, el presidente influía en la decisión de los candidatos; el presidente daba, el presidente podía quitar si en el desempeño de sus funciones, ya electo, ese candidato cayera en excesos; el sistema permitía que, por ejemplo, los gobernadores se ayudaran, pero si se excedían entonces venía la desaparición de poderes o la solicitud de renuncia.
Como me dijo a mí un connotado, un compañero de partido, cuando yo estaba en el PRI. Le fui a dar un abrazo porque acababa de renunciar un cargo. Me dijo: Arturo, el señor me lo dio, el señor me lo quitó, alabado sea el señor. La disciplina era cuasi religiosa y militar, y por lo tanto, a través de un sistema de control político, se controlaba la corrupción.
Desaparecido el presidente hegemónico, desapareció ese sistema de control y nos quedamos sin ningún control que no fueran todos los formales establecidos en la normatividad aplicable, pero en alguna manera nos sigue pesando aquella consigna de la época de la colonia. Cuando llegaban las ordenanzas de indias las ratificaba el virrey y decía acátese, pero los oidores decían en voz baja: pero no se cumpla.
Y así hemos visto como, por ejemplo, con el sistema de control anterior anticorrupción, hubo muchos servidores federales y estatales que curiosamente no los detectó ninguno de los mecanismos de fiscalización del gasto y las auditorias del Órgano de Control Interno, ni las auditorias de la Secretaría de la Contraloría o en su equivalente en los estados, ni la Secretaría de la Función Pública Federal, ni la Auditoría Superior de la Federación, ni el Órgano Superior de la Fiscalización.
Cinco fiscalizadores no detectaban lo que pasaba. Evidentemente, el sistema le apostaba a la forma de control político y no a la forma de control legal.
Hoy el Sistema Nacional Anticorrupción en construcción, en primer lugar -como bien comentaba David Ramos- tiene el mérito de integrar en este sistema a todas las partes que tiene que ver con el acceso de la información, la transparencia, la justicia administrativa, la persecución de los delitos y la procuración de justicia, la fiscalización, la identificación de faltas administrativas y de delitos.
Los integra en un sistema, primero a nivel horizontal de todas las partes que deben estar representadas en esa comisión anticorrupción, y lo ciudadaniza y le mete un ingrediente importante de ciudadanización, como ingrediente quizás para evitar que haya complicidades entre los puros servidores públicos.
Y también lo integra verticalmente en orden nacional de los tres órdenes de gobierno, el federal, estatal y municipal.
Creo que es la reforma más trascendente que el país ha tenido en materia de lucha anticorrupción. Hubo esfuerzos importantes. Recuerdo la renovación moral de la sociedad, planteada como una de las siete tesis del Presidente Miguel de la Madrid, que llevó a revisar el régimen de responsabilidades de los servidores públicos en el titulo cuarto de la Constitución, y revisión de las leyes de responsabilidades políticas administrativas y penales.
Hoy estamos ante una revisión integral.
(*Gobernador de Tabasco, fragmento de su exposición en la inauguración del Primer Congreso Nacional Foro Anticorrupción. 3 de julio de 2017. Título y subtítulo de la redacción
