Por: Felipa Nery
El Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez fue enfático al declarar que la inseguridad pública que se vive en el país no es consecuencia de bajos presupuestos, sino de decisiones equivocadas, lson expresión clara de que el Estado mexicano ha fracaso en su función básica de procurar protección a la vida, integridad y bienes de quienes habitamos en este paíss, dijo, al participar en la II Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, en la que también participó el rector de la UNAM, Enrique Graue. Advirtió, que ,sin seguridad, jamás habrá una vigencia real de los derechos humanos y sin respeto a estos derechos, las medidas de seguridad que se adopten no podrán ser aceptables, por autoritarias, la violencia no reducirá la violencias, dijo el ombudsman, quien además reprochó, que sostener que la ley no se aplica porque los derechos humanos se oponen a ello, es “una mentira y excusa falaz ante la falta de respuestas pertinentes frente a una realidad que desafía y confronta”. Demando seguridad, “pero no a cualquier costo, ni por cualquier medio, sino la que corresponde a un Estado Democrático de Derecho, sustentada en el respeto irrestricto a los derechos humanos y en el cumplimiento y aplicación oportuna y debida de la ley”, propuso, “una seguridad que se construya desde un vínculo de confianza, cercanía y cooperación entre autoridades y sociedad civil, concediendo a esta última un papel relevante en los mecanismos de supervisión y control de la misma”. González Pérez refirió que los recursos que desde 1996 a la fecha se han destinado al ámbito de seguridad superan el millón de millones de pesos, mientras que los resultados no son siquiera aceptables, lo que consideró como un indicador claro de que la situación de inseguridad pública que hoy vivimos no es consecuencia de una baja asignación presupuestaria, sino de que no se han tomado las mejores decisiones en la manera de hacer frente y prevenir que el delito y la violencia crezcan. Indicó, que el gasto federal en seguridad pasó de aproximadamente 130 mil millones de pesos en 2006 a casi 264 mil millones en 2016, por lo que urgió a hacer frente y abatir la impunidad y corrupción, pues dijo, la respuesta a la violencia e inseguridad no radica en reducir o eliminar derechos y libertades a las personas, ni en el uso indiscriminado de la fuerza o la aplicación arbitraria de la ley y tampoco se podrá contar con la institucionalidad fuerte y legitimidad social que se requiere, si cada seis años se reinventa la administración pública y sus mandos se designan bajo criterios políticos o de conveniencia personal, ajenos a parámetros de profesionalismo y eficacia en el servicio. Ahí está el diagnóstico del presidente de la CNDH, claro y preciso en relación al fracaso de las autoridades en el combate a la delincuencia, y la precisión que se hace, en torno al combate a la impunidad y la corrupción, que tanto han sido señalados en esta administración pública.
