José Martínez
La orden de destitución contra el exalcalde paraiseño Bernardo Barrada Ruiz y su cabildo, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a favor de 23 empleados municipales despedidos desde la administración de Jorge Alberto Carrillo Jiménez, así como la reciente detención administrativa del actual alcalde José Eduardo Rovirosa por otra cuestión de laudos sin pagar, pero en el municipio de Macuspana, es algo que no deben desestimar quienes hoy aspiran a encabezar las primeras regidurías de los municipios endeudados, sobre todo en cuestiones laborales.
Es una asignatura pendiente, inclusive para el Congreso local, ya que el endeudamiento de las alcaldías no se ha tomado en serio como para dar un curso jurídico y resolver un problema que cada trienio heredan los responsables de los 17 ayuntamientos tabasqueños. Sólo ante la toma de nota de este serio problema optan por permitir que crezca como una bola de nieve que nadie resuelve. Se han acostumbrado al consabido dejar que quienes vienen atrás paguen.
No se puede pasar por alto el mandato de las leyes y mucho menos desacatar las órdenes que la SCJN emita en estos y muchas otras circunstancias, ya que se vulnera a las instituciones representadas, en este caso por parte de los alcaldes en función así como los ex alcaldes.
Se trata de fortalecer la institucionalidad gubernamental ante la terrible crisis de credibilidad. La eficacia y ola buena administración de los recursos público es obligación de los funcionarios. No hacer bien la tarea también es corrupción.
Quienes ostentan cargos públicos, o lo hayan tenido en el pasado, deben enfrentar el mandato de la justicia dentro del marco de legalidad; también tienen la obligación ética de cuidar el derecho de los trabajadores y el uso de cada peso que se les entrega para su aplicación. Los laudos derivan de la negligencia, el descuido, la irresponsabilidad.
Jorge Alberto Carrillo Jiménez, Bernardo Barrada Ruiz y el mismo José Eduardo Rovirosa tienen que cumplir con las sentencias de la Corte sin que esto se convierta en cacería de brujas, sino una aplicación de los principios de civilidad y ética que tanto se reclama en la actualidad los servidores públicos.
Sería un suicidio social que los implicados en este tipo de eventualidades optaran por negociaciones políticas para evadir la justicia, y desatendieran la orden de las autoridades. No hay que ignorar que se han violado los a los derechos laborales de los demandantes e incrementado a la vez la deuda pública de las municipalidades. Una acción firme puede frenar actos irresponsables y costosos.
En este periodo electoral debiera servir para profundizar en el análisis sobre todo por parte de los aspirantes a dichos puestos- de cómo solventar esas demandas, además de prevenir la problemática que afecta los proyectos de obra pública, ya que los presupuestos municipales cada vez son menores para poder satisfacer las prioridades de cada región, y desempeñar un buen gobierno.
Queda como ejemplo para los alcaldes que vienen. Pero también como una exigencia para que desde ahora sepan a qué tipo de faltantes se enfrentarán.
HABERES
EL ABANDERADO de Morena al gobierno del estado, Adán Augusto López Hernández, indicó que en los distritos I y VI se aplicó una encuesta para la designación de los candidatos a las diputaciones federales de la coalición, resultando ganadores los que propuso el PES. ¿Qué sucede si los afectados impugnan la violación de sus derechos?
