Felipa Nery
Tratando por todos los medios a su alcance de hacer que su candidato a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, logre niveles de competencia, el Partido Revolucionario Institucional ha impulsado en los últimos días, reformas constitucionales trascendentales que han sido un reclamo de la sociedad mexicana, para combatir la impunidad y los abusos del poder, que han provocado que el país se encuentre en los primeros lugares de corrupción, impunidad e inseguridad, y mientras estas disposiciones constitucionales le permitieron a este gobierno, igual que a los anteriores, navegar en la impunidad y en los abusos del poder, la mantuvieron y ahora que ya están de salida, impulsan su derogación. Primero, fue la aprobación por parte de la Cámara de Diputados, de eliminar el fuero al Presidente de la República y a servidores públicos, y aunque el proceso legislativo aun se encuentra en el Senado de la República, todo parece indicar que será aprobado; y ahora, el PRI-Gobierno, por fín, se decide a impulsar la derogación de la figura del arraigo, que en el 2008 se constitucionalizó a propuesta del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, con el argumento que les permitirá investigar, castigar y frenar a la delincuencia organizada, a la que desde el 2007 intentó combatir con el ejército, pero al darse cuenta que no podía, impulsó esta iniciativa, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había resuelto que la figura del arraigo contemplada en algunos códigos penales del país era inconstitucional. Sin importarles violar tratados internacionales que garantizan el principio de inocencia, como la Convención Americana de los Derechos Humanos, y la Convención de Viena, esta figura del arraigo para investigar delincuencia organizada, se insertó en la constitución y a partir de entonces, se establecieron “casas de seguridad”, donde las policías “interrogaban”, o mejor dicho, torturaban a los indiciados para obtener confesiones que después se caían por ser obtenidas mediante tortura; de esta figura se aprovecharon en todas las entidades del país, donde no sólo arraigaban por delitos graves, sino por delitos comunes, robos a casa habitación, etc.. Desde el principio del gobierno de Enrique Peña Nieto y desde finales del gobierno panista de Calderón, existían recomendaciones del Comité de Tortura de la Organización de las Naciones Unidas para abolir la figura del arraigo, así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en 2011, expresó que el arraigo que según la constitución se utilizaría en el ámbito federal para casos de crimen organizado, se había extendido a delitos de distinto orden, y se arraigaba a sospechosos en casas particulares, hoteles e instalaciones militares. Miles de mexicanos, no sólo fueron abusados de su libertad con el arraigo, sino que en estas casas de arraigo-tortura, perdieron la vida y son parte de las estadísticas de los miles de desaparecidos en esta guerra que inició Felipe Calderón contra la delincuencia organizada. Parece que llega a su fin el arraigo, medida que no debería existir en un estado que se precie de ser democrático, respetuoso de las libertades y de los derechos humanos, pues es una disposición abusiva en contra de las libertades y característica de los estados autocráticos, tiranos y dictatoriales.
