José Martínez
La austeridad, combate a la corrupción e impunidad son los temas que Andrés Manuel López Obrador abanderó desde que inició su lucha social en Tabasco; eran los tiempos que prácticamente no existía la oposición política.
En los camellones chontales, cuando estuvo al frente de las oficinas de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), siendo un joven, los habitantes de la zona de Nacajuca lo recuerdan porque les explicaba que, ante todo, el gobierno debía actuar sin corrupción e impunidad.
Dicen que ya traía consigo esa idea, además de enfrentar a los “poderosos” y dar prioridad a los más desprotegidos. Comentan algunos lugareños que cuando alguien se enfermaba de gravedad, era el primero que salía dispuesto a brindar el apoyo.
Luego vinieron las marchas, el reclamo por la contaminación que realizaba Pemex a las zonas indígenas; exigencia que algunas veces se tornó en confrontación.
Desde aquel entonces el tabasqueño se fue identificando con el pueblo, con aquellos que no eran vistos por los gobiernos. Los invisibles, como se lama a los indígenas y marginados.
Ahora como Presidente electo, retoma su lema de “por el bien de todos, primero los pobres”. En este sentido anunció que habrá un tope para los salarios de los funcionarios y nadie podrá cobrar en el servicio público más que el Presidente. Un ordenamiento que todavía pasará por la decisión de los legisladores, pero que ya está anunciado, en la mesa, listo para su estudio. Hay rechazo y resistencia, como la de los Ministros de la Suprema Corte.
Ayer López Obrador anunció dos grandes reformas, las cuales tienen que ver con la austeridad republicana: no permitir en el gobierno la corrupción y se elimine por completo la impunidad. En un cuerpo de iniciativas de reforma se considera convertir en delito grave la corrupción, sin derecho a fianza, el fraude electoral; también prevé castigar severamente el robo de hidrocarburos.
López Obrador confirmó que también presentará modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública para reducir el gasto corriente, bajar el sueldo de altos funcionarios públicos para aumentar “sueldos de maestros, enfermeras, médicos, policías, soldados y marinos”.
Apuntó que este paquete será presentado el primero de diciembre, e incluso fue más allá en sus propuestas: el Presidente en funciones podrá ser juzgado por delitos de corrupción, y que además se va abolir el fuero para los servidores públicos.
Ratificó su decisión de nombrar Ahí mismo nombró a Julio Scherer Ibarra como titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia.
Apenas son algunos de los puntos que prometió en campaña. Será de aquí a noviembre cuando termine de dar a conocer la acciones y reformas con las que arrancará su mandato constitucional.
La travesía apenas dará inicio, pero ya se han dado pasos agigantados. Él mismo ha dicho que pretende hacer en seis años lo que haría en doce. De allí la aparente prisa y el hecho de que el presidente en funciones Enrique Peña Nieto, esté prácticamente rebasado. Claro, el actual mandatario es todavía responsable de lo que suceda en México en estos dos meses.
HABERES
Mal y de malas. El SITET hizo un anuncio que no caerá bien al nuevo gobierno: bloquear carreteras a inicio del ciclo escolar. Dice el gremio que la Setab les debe pagos. Mientras la dependencia tendrá que resolver, en caso de que así sea, el problema. No dejar que crezca.
Comienzan los ajustes en el partido que gobernará los próximos seis años. El ex alcalde César Burelo despachará como dirigente de Morena en Tabasco.
