José Martínez
Tal vez como una paradoja se debería aprovechar este BUEN FIN para que en verdad los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, así como los consejeros electorales del estado se bajaran el sueldo. Es tiempo de ofertas, pero verdaderas.
A los dos poderes se les ha repetido en varias ocasiones que es necesario que acaten la disposición del próximo gobierno en materia de austeridad, que nadie debe ganar más que el Presidente de la República, avalado por la Ley Federal de Remuneraciones a los Servidores Públicos, que fue aprobada el 13 de septiembre por la Cámara de Diputados.
Esta ley regula las remuneraciones que reciben los servidores públicos y funcionarios; es decir, fija un tope salarial. Elimina las prestaciones, jubilaciones, créditos, préstamos arbitrarios y anticipos no contemplados en la ley y los pagos no autorizados.
Y se aplica al Poder Legislativo Federal, al Poder Judicial de la Federación, a los Tribunales administrativos, la PGR, la Presidencia y las dependencias federales, también va para organismos y empresas del sector paraestatal.
Si un funcionario autoriza sobresueldos, préstamos o créditos no autorizados, será inhabilitado y dependiendo la gravedad del ilícito, tendrá cárcel de 2 a 14 años y multas de 3 mil veces el salario mínimo.
Al parecer el Plan de Austeridad de Andrés Manuel López Obrador iba marchando bien hasta que los propios magistrados dejaron ver que no aceptarían tal propuesta porque dejarían de tener los grandes privilegios a los que ya están acostumbrados.
Como una respuesta a López Obrador, el ministro Luis María Aguilar, quien actualmente preside la SCJN, manifestó que el sueldo que perciben los magistrados –el cual asciende a 650 mil pesos mensuales- garantiza que el Poder Judicial pueda mantener su ‘independencia’ y asegure el Estado de Derecho.
Lo que el ministro Aguilar no mencionó son las prestaciones que los jueces reciben para mantener íntegro su salario; ya que sus trajes y otros lujos como perfumes entran como ‘ceremonial y vestuario’ en los gastos del gobierno. Además, cuentan con seguro de gastos médicos mayores privado y no tienen que comprobar esos gastos.
José Ramón Cossío, otro de los ministros, aseguró que los sueldos de los ministros no pueden ajustarse porque están protegidos por una iniciativa del Congreso de la Unión. Es el ministro más liberal, imagínese.
Por el momento, el magistrado presidente aseguró que prepararán una demanda de amparo contra la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Por su parte los consejeros en Tabasco, quienes llegan a ganar casi los 200 mil pesos mensuales, igual están en la posición de mirar hacia otro lado para no hacer caso a la Ley de Remuneraciones, ya que se escudan en la dichosa autonomía.
Desde el congreso local, los diputados exhortaron a los funcionarios electorales a reducir sus salarios a la mitad.
El legislador Rafael Elías Sánchez Cabrales advirtió que si los consejeros no se bajan el sueldo, el Congreso hará los estudios al respecto. Esperamos decisiones.
Les recordó que para el 2019 no hay contemplado proceso electoral alguno, por lo que no se justifica que hayan gastos excesivos en ese órgano electoral.
HABERES
EL alcalde de Centro, Evaristo Hernández Cruz, adelantó que podría ser hasta enero cuando se cambien los locatarios al nuevo mercado Pino Suárez, aunque se inaugure antes; argumentan comerciantes caída en ventas si lo hacen en diciembre. Como sea, pero lo importante es que la obra concluya.
