José Martínez
Uno de los temas delicados en las administraciones federales, estatales y municipales es la relacionada con los recursos destinados a la publicidad gubernamental. Esto ante la falta de regulación y al uso excesivo de la imagen de los gobernantes que tanta crítica despertó en el pasado. La administración debe ser lo más pública posible, pero evitar la promoción personalizada.
De todos es conocido aquel gobernador del Estado de México que fue un producto más vendido a los millones de televidentes por una empresa nacional. La televisión hace presidentes se dijo. Jenaro Villamil, uno de los actuales colaboradores del Presidente hizo un libro al respecto.
Una vez en el poder, el exgobernador del estado de México y presidente en el sexenio anterior, Enrique Peña Nieto, derrochó recursos públicos destinados a la difusión de la actividad gubernamental que nos costó a los mexicanos cerca de 40 mil millones de pesos en todo el sexenio.
Ante ello, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a recortar el presupuesto destinado para este rubro a la mitad, pero no sobre lo que se terminaba ejerciendo, sino sobre lo que se presupuestaba originalmente, ya que en cada año este gasto federal se excedía en miles de millones de pesos.
En Tabasco la situación es muy similar a la federal. Si bien fue objeto de interés por la anterior administración en la que se anunció la creación de un consejo ciudadano que dirimiría la entrega de recursos mediante criterios claros y transparentes. Lo que no ocurrió.
Asimismo se integraría una iniciativa de ley para regular la entrega de recursos por esta vía, lo que tampoco pasó. A pesar del trabajo realizado por académicos de la UNAM junto a funcionarios estatales, la iniciativa integrada se archivó en las gavetas de Palacio de Gobierno. Muchas razones habrá.
El tema también ha sido objeto de análisis por el equipo del gobernador Adán Augusto López Hernández, quien advierte que recortará los montos de recursos anuales que ejercieron en años anteriores. Inclusive desapareció la Coordinación de Comunicación Social, que administraba los recursos destinados a la publicidad de gobierno.
El ahora mandatario ha señalado que seguirá destinando recursos para publicidad oficial solo que no en los montos aplicados anteriormente, sino solo un 40 por ciento de los mismos. La lógica sigue siendo el reducir recursos en diversas áreas para destinarlos a proyectos de desarrollo estatal.
Nadie duda de la importancia y necesidad de que el gobierno estatal y municipal difunda información en diversos medios de comunicación, la sociedad tiene derecho a saber en qué se aplican los recursos públicos. También en conocer las campañas de educación, salud y seguridad, entre otras. Debe ser regulado para evitar especulaciones.
La difusión del trabajo gubernamental no debe tomarse como sinónimo de la proyección personal de políticos locales.
Se abre una ventana de oportunidad para que el Legislativo norme la aplicación de los recursos para publicidad oficial. Una tarea pendiente si consideramos la existencia, ya de una ley en la materia a nivel federal.
Aquí como en otros rubros debe priorizarse el gasto social sobre el dispendio. Eso ordena la cuarta transformación. Por ahí hay que seguir.
HABERES
Ningún servidor público podrá percibir un salario mayor al asignado al gobernador del estado en el tabulador, que actualmente es de 104 mil 999 pesos, fue la iniciativa que presentó la diputada Julia Pardo. Es un reflejo de la norma a nivel nacional y que ya se había anunciado.
