José Martínez
La nueva administración federal ha reactivado diversos procesos de investigación de casos de corrupción en la que se han visto involucrados funcionarios públicos de anteriores administraciones.
Muy al contrario de lo que han señalado opositores a la nueva administración encabezada por el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, la corrupción no se solapará en estos seis años. Así sea familiar mío, ha dicho el titular del ejecutivo. Las muestras están en proceso y a muchos ha puesto a temblar.
Quizás los casos más conocidos son las del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y algunos integrantes de su familia, por la compra de infraestructura chatarra a un sobreprecio millonario. Ya hay un particular detenido en España. No es el único asunto por el que deberá responder el ex director de la petrolera mexicana.
También ha trascendido el interés del gobierno mexicano de presentar ante el agente investigador al líder petrolero Carlos Romero Deschamps. Uno de los cómplices de los sexenios anteriores que durante años le aseguraron impunidad en cuanto al manejo del sindicato petrolero mexicano. Sobre él pesan diversas demandas ante el ministerio público.
Hace unos días se difundió el citatorio que ha hecho la Fiscalía General de la República a Rosario Robles Berlanga, quien fungió como titular de la Sedesol y de Sedatu, por el posible desvió de más de 3 mil millones de pesos mediante universidades estatales en lo que mediáticamente se denominó la “Estafa maestra”.
Sobre la ex funcionaria federal pesan diversas demandas interpuestas por organizaciones civiles y la Auditoría Superior de la Federación derivado de las diversas irregularidades detectadas desde el año 2013.
La ASF encontró en estas dependencias que encabezó Robles Berlanga asignaron contratos millonarios a universidades estatales para la realización de diversas acciones. Sin embargo, estas universidades subcontrataron servicios para el que habían concursado ante los organismos del gobierno federal.
El asunto es peor, ya que en muchos de los casos estas empresas subcontratadas no existían o los trabajos subcontratados no se hicieron. El daño al erario lo ha calculado el órgano de control nacional en más de 3 mil millones de pesos, tan solo en estas dependencias en las que encabezó la ex jefa de gobierno de la hoy ciudad de México. El mecanismo se implementó en otras dependencias federales, por lo que el daño es mayor.
Robles Berlanga tiene cita en la Fiscalía federal el próximo 8 de agosto. Sus abogados buscan interponer amparos para evitar su detención.
El asunto no se ve fácil para la ex funcionaria federal, quien deberá explicar muchas cosas junto a representantes de las universidades beneficiadas con estos actos.
No es cacería de brujas. Es la reactivación de denuncias interpuestas años atrás sin que los procesos de investigación dieran resultados algunos. Restaurar el principio de justicia pronta y expedita.
El mensaje es claro, si existen pruebas en las denuncias de corrupción, la autoridad no puede ser omisa.
HABERES
Nada de qué espantarse. La democracia es debate, apoyo y disidencia. Hay intereses legítimos y los hay inconfesables. Para establecer un orden está la ley, para disipar dudas y aclara están los tribunales. La Comisión Estatal de Derechos Humanos se propone una “consulta” sobre la reciente reforma al Código Penal. La diputada Dolores Gutiérrez pretendió un exhorto a otras autoridades para un reclamo de inconstitucionalidad. Mientras mejor se esclarezca más firme será la ley. Es la democracia.
