José Martìnez
La inseguridad en el país es una amenaza directa al gobierno. Continúa como una crisis social que abarca a todos los estratos. Es una problemática donde el narcotráfico –principalmente- tiene metida las manos.
Uno de los mayores obstáculos que enfrenta el gobierno es la corrupción; no se puede entender la extensa red de complicidades sin este componente que llega a niveles insospechados. Lo ha comentado infinidad de ocasiones el presidente López Obrador. Se vive en un entorno de corrupción, donde las instituciones son vulnerables porque existen personas adentro que no desean cambiar, y por esa razón se hace más difícil bajar los índices delictivos.
Por otra parte está el comportamiento de las personas y su percepción de inseguridad. El robo con violencia, por ejemplo, se hizo tan común que resultó arriesgado salir a las calles, entrar a un banco, acudir a un comercio.
Lo mismo sucede en el norte, centro o sur de México. Hay zonas con más o menos índices delictivos. Hablar de número es por demás.
Los ciudadanos exigen seguridad, pero si desde el seno familiar no existe la educación de no tomar lo ajeno, el niño va creciendo a la deriva, no existe una disciplina que lo haga pensar en las serias consecuencias a las que se enfrentará más adelante. Pero también existen una serie de incentivos externos para las conductas antisociales.
La corrupción en las instituciones creó una profunda desconfianza entre la población. Así, las víctimas de los delitos no denuncian, porque señalan que para ser atendidos tienen que pagar una cuota a los agentes o ministerios públicos; o simplemente porque consideran una pérdida de tiempo. Es un círculo vicioso.
Tampoco se puede decir que tenemos un Estado fallido, porque no todo está perdido y se hacen esfuerzos constantes por recomponer a nuestras comunidades. Existen programas que pueden dar resultado, aunque no son de efecto inmediato; mejorar de manera sostenida las condiciones lleva tiempo. En la entidad el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ángel Mario Balcázar, en su comparecencia por el Primer Informe del gobernador Adán Augusto López Hernández, destacó que el estado se ubica en la media nacional de delitos; de tal manera que es bienvenida la colaboración de las fuerzas del Ejército y la Marina para que las cosas mejoren.
Destacó la disminución del 22.8 por ciento en nueve delitos de mayor impacto social, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Detalló: el secuestro logró abatirse en un 62%, el abigeato en un 23.1%, la extorsión en un 25%, el feminicidio en un 26.5%, el robo a casa habitación en un 0.9%, el robo a comercio en 36.9%, el robo a transeúnte en 9.2% por ciento, el robo a motocicleta en 34.7% y robo a vehículo en un 42.2%; hubo un reducción de 22.8 por ciento.
Reveló que a través de los once Arcos Lectores de Placas conectados al C4, e instalados en las entradas y salidas de Villahermosa, se han detenido 240 vehículos involucrados en algún ilícito, además resaltó la detención de tres mil 974 personas, y el aseguramiento 136 armas de fuego de diversos tipos.
El trabajo en este rubro es uno de los más difícil y delicados. Es necesaria una permanente coordinación de los tres órdenes de gobierno. Pero también una decidida acción de la sociedad.
HABERES
Muy bien recibidas fueron las comparecencias de los secretarios de Finanzas, Said Mena, y de Cultura, Yolanda Osuna, ante los diputados. En el primer caso se habló de cosas eminentemente materiales, que tiene que ver con los recursos del estado; en el segundo de acciones dirigidas a fortalecer nuestra identidad.
