Felipa Nery
La protección política que ha brindado el Estado Mexicano al ex presidente de Bolivia Evo Morales y a algunos de sus ex colaboradores, le sigue acarreando conflictos con el gobierno de aquel país. Si bien Evo Morales decidió salir de México y asilarse en Argentina, porque está más cerca de su país, ahora los problemas políticos son debido a que el gobierno de Argentina ha extremado la vigilancia en la embajada de México en Bolivia, porque pretende detener a ex funcionarios de Evo Morales que se encuentran asilados en la misma. Según se sabe en la embajada de México en Bolivia hay más de 20 personas que fueron colaboradores del gobierno de Evo Morales, asilados desde el mes de noviembre pasado cuando estalló el conflicto político a raíz de las elecciones presidenciales en la que Evo Morales habría obtenido el triunfo nuevamente, pero unos días después la Organización de Estados Americanos afirmó que hubo fraude electoral, por lo que el Ejército conminó a Evo a dejar la Presidencia de la República y posteriormente se dio su salida de aquel país, en un periplo que tuvo que sortear el gobierno mexicano, porque algunos países no permitían aterrizar para cargar combustible, al avión de las Fuerzas Armadas Mexicanas que traía al depuesto presidente; las relaciones se tensaron entre ambos países, primero porque México no ha reconocido a la Presidenta que asumió el mando, Janine Añez y segundo, porque en los últimos días el gobierno de Añez ha extremado la vigilancia en los alrededores de la embajada mexicana, pues dicen tener orden de detención en contra de algunos ex secretarios del gabinete de Evo Morales, principalmente de Juan Ramón Quintana, quien fungía como responsable del Ministerio de Gobierno. Ayer el gobierno mexicano presentó un recurso ante la Corte Internacional de Justicia para demandar a Bolivia, por su intento de violar la soberanía mexicana, al pretender introducirse a la embajada, que se considera parte del territorio mexicano; en tanto que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró que ni en los peores momentos del golpe de Estado que asestó Augusto Pinochet en Chile se vulneró la soberanía de la embajada mexicana, como se pretende hacer ahora en Bolivia. Ayer mismo la cancillería de Bolivia respondió al Estado Mexicano que no se introducirán a la embajada mexicana, pero le pidieron al gobierno de López Obrador colaborar con el gobierno de Janine Añez, entregando a los ex funcionarios sobre los que pesan órdenes de aprehensión, a quienes se les acusa, entre otros delitos, de sedición y terrorismo, por supuestamente financiar las protestas que pretendían desestabilizar al gobierno democrático de Bolivia. A estas inconformidades se suman ahora declaraciones de la canciller boliviana, quien acusa a México de reiterada conducta inamistosa, por convocar a una reunión en enero próximo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, sin antes consultarle al gobierno de Bolivia que en 2019 ejerce la Presidencia temporal de ese organismo. Parece que este conflicto durará para rato, sobre todo, por el proceso electoral que se repetirá para elegir Presidente de ese país y Evo Morales no quita el dedo del renglón.
