José Martínez
Ni las advertencias, que un dizque izquierdista disfrazó de apoyo, valieron. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puso fin a las balandronadas de un grupo de personajes vinculados al PAN y a cierto político de intereses mezquinos al desechar el recurso que promovieron ante esa instancia en el que acusaban a Javier May Rodríguez, precandidato único de Morena a la gubernatura, de actos anticipados de campaña y de usar recursos públicos con esos fines.
El máximo tribunal electoral del país no le dio la razón a esa cosa denominada Frente Cívico Nacional, Capítulo Tabasco, membrete de papel que ingenuamente creyó que, por haber dado entrada a su queja, iba a fallar a su favor.
Alberto Naranjo Cobián, y sus aliados, se frotaban las manos porque, decían, el TEPJF iba a descarrilar al Tren May, que hasta ahí iban a llegar sus aspiraciones de ser el próximo gobernador de Tabasco.
En esa artimaña cayó Raúl Ojeda, con lo que penosamente demostró que sí tiene un pelo de tonto. En su cuenta X, antes Twitter, alertó previo al fallo, tal vez de buena fe o tal vez no, que a Javier le podría pasar lo que le sucedió a Félix Salgado Macedonio en Guerrero y a Raúl Morón en Michoacán. Con esos aliados para qué se necesitan adversarios.
Fernando Vázquez Rosa, vocero de May Rodríguez, consideró que el resolutivo deja en claro que el precandidato morenista “siempre ha actuado dentro del marco legal” y quienes interpusieron el recurso “nunca han tenido la razón”, pues las instancias locales del IEPCT y TET ya les habían dicho con anterioridad que no tenían “ni la razón jurídica ni la razón histórica” y el TEPJF ratificó esa postura.
El fallo del tribunal electoral es definitivo y, por tanto, no se puede impugnar. Sus adversarios ya no podrán impedir que Javier May sea registrado como candidato a la gubernatura.
Claro, esto no significa que quitarán el dedo del renglón, seguirán durante la campaña con sus embates. La verdadera respuesta estará en las urnas.
HABERES
Han pasado unos cuantos días desde que ocurrió el trágico tiroteo dentro del bar Hope 52 en Villahermosa, el domingo 11 de febrero. Desde entonces, se ha dado a conocer -mediante las notas, los videos difundidos y las declaraciones de las autoridades- la información sobre el contexto, las víctimas y los involucrados de los hechos ocurridos que solo hacen poner en duda la seguridad de este tipo de lugares y cuestionarnos sobre los tiempos que estamos viviendo como sociedad.
El ayuntamiento de Centro ordenó suspender las actividades del bar hasta esclarecer los hechos y procesar a los responsables. Una medida que resulta lógica porque es precisamente la autoridad municipal la que expide permisos de operación en donde se supone que se establecen las responsabilidades de quienes se dedican a los diversos negocios, y más aun tratándose de la venta de bebidas alcohólicas. Recordemos que por sobre el interés particular está el interés público.
Por demás está señalar que los negocios ilícitos y las conductas ilícitas debe ser combatidas con firmeza, como bien lo señaló el nuevo titular de Seguridad Pública, general Víctor Hugo Chávez Martínez, encargado además por sus superiores para restablecer la autoridad en Tabasco.
