Felipa Nery
Los ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dieron entrada a la revisión de la reforma constitucional en materia judicial que llevó a cabo el Constituyente Permanente y que fue promulgada el 15 de septiembre, efectivamente, estarían dando un golpe de Estado al proceso legislativo reformador que les quita los altos privilegios a ministros y magistrados, los cuales se negaron a dejar cuando se reformó la constitución para que no existieran servidores públicos con sueldos onerosos, en un país donde la mitad de la población vive en la pobreza.
De consumar su intento estos ocho ministros, de echar abajo la Reforma Judicial, estarían cayendo en el mismo escenario que en 1857 protagonizó el Presidente Ignacio Comonfort, quien propinó un auto golpe de estado a la Constitución que en aquel entonces se promulgó para quitar privilegios a la iglesia católica que era más poderosa que el mismo Estado, por el poder económico que representaba, lo que hacía que hasta el mismo gobierno fuera a pedirle prestado para cumplir con sus funciones. Por este motivo fue que el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional, Benito Juárez asumió la Presidencia de la República y se desató la Guerra Civil entre liberales que querían acabar con los privilegios de unos cuantos y los conservadores que junto con la iglesia y españoles, querían mantener el sometimiento de las mayorías y seguirse haciendo millonarios a costa del pueblo.
Tal como lo han señalado las ministras Lenia Batres y Yazmín Esquivel, estaríamos frente un auto golpe de Estado, aunque la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum ha dicho que sería un “golpe aguado”. Sí, sería un golpe de estado, porque a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Constitución no les da la facultad de revisar el Poder Reformador del Constituyente Permanente y no pueden alegar, de ninguna manera, violación a derechos humanos, porque la Reforma Judicial del 15 de julio respeta los derechos de los trabajadores y ordena realizar un nuevo procedimiento para designar a ministros, magistrados y jueces, mediante el voto popular.
No entienden estos ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia, que de lo que se trata con esta Reforma Judicial, es de llevar un cambio de forma de gobierno, de manera integral, es decir, pasar de un gobierno neoliberal que no mira las necesidades de los más desprotegidos, a un gobierno liberal-humanista, donde no hayan privilegios para unos cuantos, donde no haya un gobierno rico con un pueblo pobre; estos cambios se fueron dando desde el 2018 tanto en el Poder Ejecutivo, como en el legislativo, donde los altos salarios disminuyeron, a que nadie ganara más que el Presidente de la República, no así en el Poder Judicial, donde jueces, magistrados y ministros se mantuvieron los altos privilegios de los que gozan.
Estos señores que se han considerado una casta privilegiada por ostentar los cargos de ministros, magistrados y jueces, se sienten intocables, inamovibles, herederos del poder que ahora tienen, no entienden que en una democracia es el pueblo el que decide su forma de gobierno, como los establece el artículo 39 Constitucional y el pasado dos de junio el pueblo dio el poder al Constituyente Permanente para decidir que los altos mandos del Poder Judicial sean electos por el voto popular, efectivamente, porque esta propuesta fue llevada a todas las plazas por la candidata Presidencial Claudia Sheinbaum durante su campaña y así fue votada, así es que ahora estos 8 ministros no pueden cambiar la voluntad de más de 35 millones 924 mil 519 ciudadanos que en las urnas decidieron el rumbo que quieren en este país.
