Felipa Nery
De ocho ministros que tenían la intención de tirar la reforma Constitucional al Poder Judicial del 15 de septiembre de 2024, de última hora se vino abajo el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, que proponía invalidez parcial, porque se oponían a la elección de jueces y magistrados por voto popular; finalmente sus intenciones se vieron frustradas cuando el ministro Alberto Pérez Dayan no les acompañó en la votación, por considerar “una insensatez forzar el ejercicio de una facultad que no les fue conferida”; también pretendieron declarar la inconstitucionalidad con seis votos, pero no se salieron con la suya.
Desde antes de iniciar la sesión programada para la 10 de la mañana del martes cinco de noviembre, en la parte exterior del edificio de la Corte ubicado a un costado de Palacio Nacional, ya celebraban: Xochitl Gálvez y Alito Moreno, confiados en que se declararía la inconstitucionalidad de la reforma Judicial y el neoliberal mayor que comanda a este grupo de titiriteros, Claudio González demandaba a la Presidenta Claudia Sheinbaum acatar la resolución que emitiría la Suprema Corte
Desde la conferencia mañanera, la Presidenta Claudia Sheinbaum había sido cuestionada por un reportero, en torno a lo que decían los empresarios de la COPARMEX, que se dañaría al país al provocar una crisis constitucional si los ministros declaraban la inconstitucionalidad de la Reforma Judicial, a lo que la mandataria respondió que la pregunta se la debían hacer a los ministros, porque ellos no tenían facultad para declarar la invalidez de una reforma constitucional que había sido aprobada por las cámaras de Senadores, de Diputados, la mayoría de las legislaturas de los estados y era la voluntad soberana del pueblo.
Durante la discusión sobre sus facultades para conocer de la acción de inconstitucionalidad promovida por los partidos PRI, PAN y MC, los ministros afirmaron que sí podían conocer porque eran partidos legalmente registrados y porque se trataba de una reforma electoral, sus intenciones de cumplirle caprichos a sus amos no la pudieron hacer realidad, porque el ministro Alberto Pérez Dayan entró en razón, o vaya usted a saber si lo pensó mejor y tuvo temor de que el Congreso de la Unión pudiera promover una nueva reforma que los dejara sin su millonario retiro, por lo que se separó del bloque de los ocho que traían mancuerna en contra de la reforma constitucional al Poder Judicial.
Cuando se quedaron solo con siete votos, la ministra Presidenta Norma Lucía Piña, dijo que con seis votos se podía declarar la inconstitucionalidad, por lo que a las 15 horas manifestó que ya estaban cansados y mandó a un receso de una hora, para regresar a votar si con seis votos se declaraba la inconstitucionalidad; al regresar, la mayoría votó que mientras la Corte esté conformada por once ministros, la inconstitucionalidad debe declararse con ocho votos. Y así, se acabó el fin del a discusión. No prosperó la acción de inconstitucionalidad que pretendió frenar el nepotismo que impera en el Poder Judicial y que precisamente unas horas antes se lo había recordado la Presidenta Claudia Sheiumban, al decirles en la mañanera, que se había encontrado en Google, un estudio realizado en 2018, por Mexicanos contra la Corrupción, titulado “El Poder Familiar de la Federación”, en el que desnudaban el nepotismo y la corrupción en el Poder Judicial de la Federación.
