Patricia González
Desde su periodo en campaña, el gobernador de Tabasco Javier May Rodríguez anunció que aplicaría un plan de austeridad que determinara reducir los salarios y compensaciones de los funcionarios públicos en el estado. Con el lema de “no puede haber gobierno rico y pueblo pobre”, desde el inicio del movimiento de Andrés Manuel López Obrador la bandera fue contra el derroche del erario.
El objetivo, además, es liberar recursos para que el dinero público sea para el servicio público. Y no para alimentar la riqueza particular,
Eso explica también que el nuevo gobierno deba cortar por donde pueda para equilibrar el presupuesto, especialmente de aquellos órganos o instituciones donde se acostumbra la corrupción.
Esta semana, el mandatario hizo un llamado a los responsables de las dependencias públicas de Tabasco para que se acabe con las prestaciones exageradas a los servidores públicos, pues la mayor parte de los recursos, aseguró, deben destinarse a atender y solucionar los problemas de la ciudadanía. Y es que durante años se fueron acumulando privilegios indebidos, que nada tenían que ver con la justa retribución al trabajo.
Advirtió que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) deberá intervenir en los casos donde los funcionarios públicos tengan mayores salarios que el propio gobernador, lo cual sería una violación a la ley; esto para que dichos funcionarios devuelvan los recursos. Pero sobre todo para que ya no siga una práctica nociva.
Si bien, estas prestaciones se crearon como derechos del servidor público, no deberían ser irregulares, pues como dijo May Rodríguez, hay prestaciones solicitadas que están “fuera de toda realidad”, y por ende, perjudica al pueblo. Son ofensivas. La razón es porque estos abultados recursos pueden destinarse para atender la pobreza de una población mayoritaria.
Recordó que en administraciones pasadas había titulares de instituciones, como los institutos tecnológicos, que aprovechaban su autonomía para llevar una vida de lujos con las prestaciones. Esto sucedió en varias instituciones de educación superior, y un caso a investigar es el de la Universidad Popular de la Chontalpa, sobre todo bajo la administración de Ariel Cetina.
El gobernador May insistió en que la restructuración administrativa con la reducción de secretarías y subsecretarías, así como la eliminación de secretarios particulares y la baja en gasto por arrendamientos le generan al gobierno un ahorro de mil 400 millones de pesos al año. No es una pequeña cantidad.
Se ha dicho que Tabasco es el estado que más órganos desconcentrados tiene, esto es, que son 43 que han apretado a la administración y las finanzas.
De igual forma, previamente había determinado que simplificaría su administración reduciendo de 16 secretarías a 14 para liberar más recursos.
EN LA MIRA
Uno de los destinos de los recursos que ahorrará el gobierno estatal es para la seguridad, tema prioritario y urgente de atender; así como salud, educación, infraestructura y tecnología. En el caso de los agentes de la Policía Estatal de Caminos (PEC) y de protección civil, está anunciado un aumento de 5 mil pesos mensuales a partir de enero de 2025. De esta manera dejarán de ser los peor pagados del país.