El gobernador Javier May Rodríguez envió al Congreso local una iniciativa con proyecto de decreto para solicitar al Legislativo su autorización de contratar, con cualquier institución bancaria, un crédito hasta por un monto de 4 mil 797 millones 237 mil 33 pesos con 4 centavos, para poder refinanciar su deuda pública a largo plazo.
La propuesta del Ejecutivo fue leída durante la sesión de este jueves y se turnó a la Comisión de Hacienda y Finanzas para su estudio y dictamen y posteriormente sea puesta a la consideración del pleno legislativo.
“Se solicita la autorización para contratar con cualquier institución de crédito integrante del Sistema Financiero Mexicano, uno o más financiamientos para llevar a cabo el refinanciamiento de la deuda de largo plazo, que presenta el Gobernador Constitucional del Estado, Javier May Rodríguez”, dice la iniciativa.
En el Presupuesto General de Egresos del presente año se tiene asignados 997 millones 333 mil 908 pesos al pago de la deuda pública del estado. El corte de septiembre de 2024, el saldo de esa deuda es de 5 mil 120 millones 449 pesos, que contrajo en siete préstamos con la banca privada.
En el documento, se refiere que los financiamientos que se celebren al amparo de la presente autorización deberán contratarse a un plazo máximo de hasta veinte años contados a partir de la celebración de los contratos de crédito o, en su caso, a partir de la fecha en que ocurra la primera disposición realizada en cada uno del o los financiamientos, en el entendido que los intereses y demás términos y condiciones. serán los que se establezcan en el o los contratos.
El mandatario también envió una iniciativa para llevar a cabo una simplificación orgánica en el aparato gubernamental, con la finalidad de evitar la duplicidad de funciones en la administración pública, lo cual coadyuvará a que el gobierno estatal pueda racionalizar el gasto público y generar ahorros significativos en el ejercicio de sus funciones, los cuales podrán ser reorientados hacia programas sociales prioritarios, sin menoscabar las funciones esenciales de regulación y supervisión que actualmente desempeñan determinados organismos.
Asimismo, esta medida promoverá una mayor cohesión administrativa, fortaleciendo la coordinación entre las dependencias del gobierno, garantizando así que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y con un mayor impacto social.
