La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el gobierno “ni espía, ni censura” con la nueva ley en materia de telecomunicaciones, cuyo dictamen fue aprobado por el Senado y que se envió a la Cámara de Diputados.
En la mañanera de este martes, en la que se presentó una serie de “aclaraciones” sobre las modificaciones a esa ley, que están en análisis en el periodo extraordinario del Congreso de la Unión, la mandataria subrayó: “no hay censura, ni espionaje, ni nada que se le parezca”.
El titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino, presentó las “aclaraciones” en torno a esta nueva ley de telecomunicaciones.
Subrayó que “es falso” que esta normativa sea una ley de espionaje. Y explicó que uno de los artículos cuestionados —sobre todo por los grupos opositores— es el 183 del dictamen actual, referente a la obligación de los operadores para colaborar con autoridades de seguridad y procuración de justicia, la cual se debe dar en términos que establecen las leyes.
El funcionario destacó que este lineamiento “es exactamente igual” a la ley de telecomunicaciones y radiodifusión vigente, que fue aprobada en 2014 —en el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto— por los legisladores de PRI y PAN, quienes hoy se oponen a la nueva norma.
Peña Merino dijo que el dictamen de la nueva ley “no plantea ninguna posibilidad de acceso al órgano regulador ni a la Agencia (de Transformacionales Digital)”, ni permite que el gobierno federal tenga acceso a ninguna información de los usuarios.
Agregó que el artículo 182 de la nueva ley corresponde al 189 de la que está por sustituirse y se refiere a que la colaboración de los operadores con las autoridades de seguridad y justicia se debe ceñir a un mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente en los términos que establecen las leyes.
En síntesis, con base en la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, se requiere de la autorización de un juez para que se dé esa colaboración.
En el caso de los señalamientos opositores a la nueva norma en el sentido de que habrá cesura de aprobarse la ley, el funcionario rechazó tal hipótesis.
Indicó: “Lo que se esgrime tiene que ver con los derechos de las audiencias, que son un derecho humano previsto en el artículo sexto constitucional”.
