Por David Morales/Avance
La Unión Europea dio un paso inédito en materia ambiental con la entrada en vigor del Reglamento UE 2024/1991, conocido como Ley de Restauración de la Naturaleza. Se trata de una norma de aplicación directa en todos los Estados miembros, aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo, que establece obligaciones legales para recuperar ecosistemas degradados en todo el territorio comunitario.
El reglamento forma parte del Pacto Verde Europeo y de la Estrategia de Biodiversidad para 2030 impulsadas por la Comisión Europea. Ambos marcos se sustentan en compromisos internacionales asumidos por la Unión, entre ellos el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal del Convenio sobre la Diversidad Biológica de la ONU, que advierte sobre el acelerado deterioro de los sistemas naturales.
La ley fija como objetivo que, para 2030, al menos el 20 por ciento de las zonas terrestres y marinas de la Unión cuenten con medidas efectivas de restauración. A más largo plazo, obliga a los países a recuperar hábitats en mal estado de conservación en porcentajes crecientes, hasta alcanzar el 90 por ciento en 2050, conforme a criterios científicos de conservación ambiental definidos por la propia legislación europea.
Entre los ecosistemas prioritarios se encuentran ríos, humedales, turberas, bosques, áreas agrícolas y entornos urbanos. El reglamento establece, por ejemplo, la recuperación de ríos de flujo libre mediante la eliminación de barreras artificiales, así como indicadores obligatorios de biodiversidad forestal y medidas para frenar el declive de polinizadores, elementos considerados clave por la Agencia Europea de Medio Ambiente
Cada Estado miembro debe elaborar un Plan Nacional de Restauración y presentarlo a la Comisión Europea, detallando acciones, calendarios y mecanismos de seguimiento. La supervisión se apoya en evaluaciones técnicas y científicas, y el incumplimiento puede derivar en procedimientos de infracción, de acuerdo con el derecho comunitario.
La base científica de la norma se apoya en informes de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que documentan que más del 80 por ciento de los hábitats protegidos en Europa se encuentran en estado desfavorable. Con esta ley, la Unión Europea convierte la restauración ecológica en una obligación jurídica y no solo en una meta política.