Agencia/España
Julio Iglesias enfrenta actualmente un proceso judicial en España luego de que dos exempleadas presentaran una denuncia por presuntas agresiones sexuales. A través de su abogado, el cantante solicitó detener la investigación y el archivo de la causa, argumentando que la justicia española no tiene competencia para investigar los hechos denunciados, los cuales habrían ocurrido fuera del país.
El representante legal del artista, el abogado José Antonio Choclán, dirigió un escrito a la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el que pide que se ponga fin a la investigación. Según el documento:
“La Fiscalía de la Audiencia Nacional debe declarar, sin más trámite, la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos denunciados, archivando de forma inmediata las Diligencias de Investigación preprocesal incoadas y detener la campaña mediática que se ha puesto en marcha, con grave daño reputacional” para su cliente, quien actualmente tiene 82 años.
Las denuncias se presentaron en España, pero los hechos habrían ocurrido fuera del país
Fue el pasado 5 de enero cuando dos mujeres, que trabajaron anteriormente para el cantante, interpusieron una denuncia en España. Ambas señalaron haber sufrido vejaciones, acoso sexual y abuso de poder por parte del artista, quien, según sus declaraciones, mantenía una conducta inapropiada especialmente con mujeres jóvenes y en situaciones de vulnerabilidad laboral.
Una de las denunciantes relató a medios como elDiario.es que también habría sido víctima de penetraciones no consentidas durante su trabajo con Iglesias. De acuerdo con las investigaciones de ambos medios, los hechos habrían sucedido en el año 2021, en propiedades del cantante ubicadas en la República Dominicana y en las Bahamas.
La defensa del artista sostiene que los hechos no deben ser juzgados en España
La estrategia legal de Iglesias se basa en el argumento de que los posibles delitos deben juzgarse en el lugar donde ocurrieron. En palabras del abogado:
“Los presuntos delitos deben perseguirse en el lugar de comisión y, solo en caso de que eso no sea posible, entonces podrían ser, eventualmente, perseguibles en España”.