ABISAC MARQUEZ

El secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, informó que además del sitio de inhumación ilegal localizado en el municipio de Paraíso, donde fueron hallados seis cuerpos, existen otros puntos bajo investigación como parte del programa de búsqueda de personas desaparecidas.

Señaló que la Fiscalía General del Estado es la instancia encargada de llevar a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos, identificar a las víctimas y determinar las circunstancias en que ocurrieron los decesos.

Explicó que, por parte del Gobierno estatal, se trabaja de manera coordinada con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, órgano desconcentrado que depende de la Comisión Nacional de Búsqueda, así como con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

Destacó que ambas comisiones colaboran estrechamente, ya que su objetivo principal es la localización de personas reportadas como desaparecidas. “Toda persona desaparecida tiene que ser buscada, y esa es una labor permanente de estas instancias”, afirmó.

El funcionario indicó que hay indicios de que podrían existir otras fosas clandestinas en distintos puntos del estado, por lo que se prevé realizar verificaciones en campo. Una vez confirmados los hallazgos, corresponderá a la Fiscalía conducir el proceso de investigación e identificación.

En cuanto al panorama general, comentó que Tabasco no se ubica entre las entidades con mayor número de personas desaparecidas, aunque precisó que dará a conocer cifras oficiales actualizadas en breve, con base en datos de la Comisión Nacional de Búsqueda. Añadió que, en algunos casos, personas reportadas como desaparecidas regresan después de presentada la denuncia.

Sobre si la mayoría de los casos corresponden a desapariciones forzadas, señaló que esa clasificación es responsabilidad de la autoridad ministerial, que debe investigar cada expediente.

Finalmente, subrayó que el Gobierno del Estado brinda respaldo integral a las familias a través de estas comisiones, con asesoría jurídica, atención psicológica y, en caso de acreditarse la calidad de víctima, apoyo económico, además de acompañamiento permanente ante una situación que calificó como particularmente compleja y dolorosa.