Patricia González
Definitivamente, no se puede combatir a las bandas delictivas sólo con buenas intenciones o con mensajes a la conciencia.
El Estado, cualquier gobierno, debe utilizar todo el poder legal y legítimo que le otorgan los ciudadanos para dar seguridad…al propio ciudadano y a las autoridades.
Tal como el gobierno federal la promulgó el pasado 31 de diciembre, la reforma constitucional que amplía las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), entró en vigor a partir del 1 de enero: ahora es la “supersecretaría” dirigida por su titular, Omar García Harfuch, quien en sentido figurado, aunque no tanto, tiene super-poderes.
Asimismo, el primer día del año comenzó a regir la reforma en materia de prisión preventiva oficiosa.
Ambos decretos se suman a la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), con el fin de fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México.
Todos los partidos políticos en la Cámara de Diputados y el Senado coincidieron en la urgente necesidad de implementar nuevas estrategias en seguridad en el país, razón por la que las iniciativas tuvieron una aprobación unánime y rápida en noviembre de 2024, sin abstenciones ni votos en contra.
Entre las atribuciones que tiene la ahora supersecretaría, está la investigación de los delitos que compartirá con el Ministerio Público y la Guardia Nacional. Harfuch tendrá la autorización para coordinar a los tres niveles de Gobierno en el país y con ello el poder de fiscalizar los recursos federales que van destinados a los estados.
La nueva SSPC tiene, entonces, facultades de más poderes para tener un papel central en la investigación, la prevención y la persecución de los delitos, en colaboración con las instituciones de procuración de justicia del país.
En tanto, los fondos de ayuda federal para la seguridad pública serán aportados a las entidades y municipios para destinarse exclusivamente a estos fines.
Los recursos serán auditados y su debido ejercicio será vigilado por el Sistema Nacional de Seguridad a través del Secretariado Ejecutivo.
Con respecto a la reforma sobre prisión preventiva, se amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, algo que ha sido objeto de polémica y crítica porque organizaciones no gubernamentales como la propia ONU la señalan de contravenir los derechos humanos.
Pero la extorsión y el uso de comprobantes fiscales falsos, que son de los delitos que se harán acreedores a prisión preventiva oficiosa, ya no deben quedar impunes.
Lo apremiante en estos momentos es la unificación entre estados para combatir la violencia.
EN LA MIRA
El catálogo de delitos incluyó los casos de producción ilegal, preparación, adquisición, exportación, enajenación, importación y transportación de drogas sintéticas como fentanilo, un tema “intoxicado” a México en su relación con Estados Unidos.
El gobierno de Claudia Sheinbaum no puede esperar cruzado de brazos hasta que otros hagan, y mal, lo que nos corresponde hacer bien.