Patricia González
Según la Red de Control de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés), los importadores de petróleo en Estados Unidos pueden obtener ganancias de más de 5 millones de dólares por cada barco que ingrese a este país y sus jurisdicciones extranjeras. Imagínense cuánto lucró la familia Jensen (James Jensen, su esposa Kelly, sus dos hijos Maxwell y Zchary) y el crimen organizado por contrabandear oleoducto desde Utah y Texas.
Si las bandas del crimen organizado, consideradas como narcoterroristas por la administración del presidente Donald Trump, son beneficiadas por algunos empresarios estadounidenses como los Jensen, ¿actuarán realmente las autoridades del país vecino? ¿Hasta qué punto llegarán sus investigaciones ya que no se puede hablar de un caso aislado como el de la familia Jensen?
Dice Roberto Saviano que “el vacío de poder, la debilidad y la podredumbre del Estado frente a una organización que ofrece y representa orden” es lo que causa el crecimiento de las mafias. Este es el dilema de un Estado como el estadounidense que dice combatir a los cárteles mexicanos pero a la vez acepta este tipo de necroeconomía sin importar los estragos que esto cause en su propio territorio y en México.
El secretario del Tesoro angloamericano, Scott Bessent, asegura que seguirán luchando “implacablemente” contra los cárteles de las drogas y las organizaciones terroristas extranjeras para hacer que “Estados Unidos sea seguro otra vez”, entonces debe saber muy bien que uno de los principales reclamos de nuestro país es que no se permita la venta de armas a esas células criminales que ellos dicen combatir, y que traten urgentemente el problema de adicción de sus ciudadanos para que la demanda de estupefacientes disminuya.
Todo está conectado, el problema del huachicol y el desmedido uso de las drogas. Una cosa lleva a la otra. Y coincidentemente es en los Estados Unidos donde se acumulan este tipo de prácticas ilegales, pero que, contradictoriamente no se quiere aceptar la responsabilidad sino echar la culpa a México para sacar ventaja política contra el régimen de transformación iniciado en 2018 y que ahora continúa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
No es tan creíble que el huachicol gringo sólo lo hayan descubierto por el caso de la familia texana y que no sepan más detalles, ¡tan rigurosos que son ellos con las cuestiones financieras! Si la Fincen sabe cómo es el proceso financiero en el lavado de dinero que se da en estos casos: transferencias electrónicas nacionales e internacionales, triangulado de intermediarios de terceros, cuentas y jurisdicciones; ¿cómo no tener detales de las operaciones de los huachicoleros estadounidenses?
EN LA MIRA
Interesante este tema de seguridad, no sólo para nuestro país sino para los vecinos del norte. Lo importante es que al hacerse público el caso se sepa realmente quiénes están involucrados en el huachicol y las consecuencias legales que resultarán de las investigaciones hechas por las autoridades estadounidenses, es decir, cuál será el alcance real, puesto que es evidente que hay una cadena responsables financieros y corrupción de entes institucionales y empresariales involucrados en este ilícito.