Patricia González
Cada inicio de curso es un dolor de cabeza para los padres de familia y las autoridades cuando para inscribir a los alumnos se exige una “cuota voluntaria”. Desde la educación prescolar a la media superior se cobran ciertas cantidades que a veces se acuerdan entre las sociedades de padres de familia de los centros escolares.
En esta época es común escuchar las denuncias de que en ciertos planteles escolares de educación pública no permiten la inscripción o reinscripción de niños y jóvenes si no se pagan las cuotas requeridas por las autoridades académicas de los planteles educativos. Estas cuotas oscilan entre los 300 y los mil 800 pesos desde la educación primaria hasta el bachillerato técnico.
Constitucionalmente la educación en nuestro país es laica y gratuita, por lo tanto, no hay obligatoriedad en el pago de las cuotas escolares, es decir, no se puede negar la inscripción o reinscripción a ningún niño o adolescente que desee cursar algún nivel escolar porque no haya pagado la cantidad de dinero estipulada por autoridades o voluntarios educativos.
Las cuotas son acuerdos internos que se llevan a cabo para el mejoramiento de las instalaciones de los planteles escolares, mas no son obligatorias. Algunas veces las partes colaboradoras llegan a acuerdos y los objetivos se cumplen para el beneficio común del estudiantado y el mejoramiento académico. Hay padres de familia bastante responsables, aunque también otros que no se interesan en participar en esa mejora que al fin y al cabo se verá reflejada en la formación de sus propios hijos. Por otra parte, hay padres de familia que definitivamente no pueden aportar la cantidad acordada.
Sin embargo, en la actualidad también se tiene el beneficio de las becas escolares que el gobierno federal otorga, pero dicho recurso se utiliza para la compra de útiles escolares, calzado y uniformes. Tal vez se puedan hacer esfuerzos y es bueno y además responsable que el padre de familia así lo considere. Todo depende de que haya una buena planeación en cuanto a los gastos que deberán llevarse a cabo. Cuando menos no se comienza desde cero, ya es un alivio que los padres de familia cuenten con esta asistencia gubernamental.
EN LA MIRA
También tenemos que reconocer que existen los abusos y las malas prácticas con este tipo de contribuciones económicas, hay padres de familia que cooperan de buena fe pero no tienen la certeza de que los recursos aportados sean usados adecuadamente y eso crea desconfianza, por la cual se va creando un círculo vicioso que provoca la apatía de los padres y la exigencia de las autoridades educativas internas.
En este tenor también se piden insumos para el funcionamiento académico al inicio de cada periodo escolar, ya sea papelería o artículos de limpieza que los tutores entregan a la dirección escolar. Esta acción se presta a la suspicacia, no se es transparente en el uso de tal material ya que al fin de curso también se pide nuevamente una contribución para la liberación de los documentos necesarios para que los educandos avancen al otro nivel educativo. Habría que reflexionar realmente si en estos casos se está actuando correctamente o corregir el comportamiento entre las partes involucradas para evitar conflictos que al final afecten la educación de nuestros niños y jóvenes.