Marichuy Castillo/Presidium
Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Salmos 37:28
Comenzaba la víspera de Navidad cuando el reportero Rafael León Segovia, conocido en Veracruz como Lafita León, salió de su rutina habitual de cobertura policial para enfrentar algo que no esperaba, un operativo formal de detención en su contra. Esa tarde, agentes de la Policía Ministerial junto con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) arribaron hasta un punto de la ciudad y con orden judicial lo arrestaron acusado de terrorismo, además de otros cargos como encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.
León Segovia había construido su carrera informando sobre escenas de crimen, violencia y actos delictivos de nota roja, en una de las regiones más complicadas para ejercer periodismo en México. Sin embargo, lo que empezó como una cobertura habitual, capturar escenas policiales, hablar con testigos y transmitir la vida cruda en Veracruz, pronto se volvió una pesadilla jurídica y al parecer, política.
La FGE de Veracruz, bajo la dirección de la fiscal regional Karla Díaz Hermosilla, la acusación se trató de un caso inusual, que en el Código Penal local se refiere a actos que causan alarma, temor o terror en la población mediante violencia extrema y que fue imputado al periodista sin que se dieran a conocer actos violentos concretos ni evidencia de uso de explosivos o violencia organizada.
Pero medios locales han señalado que la acusación surgió tras un video que León grabó sobre un accidente de tránsito, en el que habría participado la hija de una abogada con influencias, lo que según colegas y críticos podría haber motivado la reacción legal.
El 30 de diciembre de 2025, un juez de control revisó los elementos presentados por la Fiscalía y determinó que no había pruebas suficientes para mantener la acusación por terrorismo, por lo que ese cargo fue retirado. El periodista quedó vinculado a proceso únicamente por encubrimiento por favorecimiento y delitos contra instituciones de seguridad pública, además como medida cautelar, el juez ordenó que León cumpliera prisión domiciliaria por un año mientras continúa el proceso.
La polémica por el uso del cargo de terrorismo tuvo repercusiones institucionales, Karla Díaz Hermosilla, fiscal regional que lideró el caso, abandonó su puesto en los primeros días de enero de 2026 y la Fiscalía estatal nombró a Braulio Salvador Conde Rivas como su sucesor en la Zona Sur de Coatzacoalcos. Aunque Díaz Hermosilla ha declarado que su salida fue por motivos personales y de salud, la remoción ocurrió en medio de críticas generalizadas por la acusación inicial.
De testigos.- Que este nuevo año llegue con claridad, salud y decisiones firmes. Que lo aprendido se convierta en impulso, que los tropiezos queden como experiencia y que cada proyecto encuentre su rumbo con constancia y trabajo. Un año para avanzar sin ruido, pero con resultados, para cerrar ciclos y abrir oportunidades reales.