ABISAC MARQUEZ
La libertad de expresar ideas, difundir información y cuestionar al poder constituye una garantía protegida por los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana, así como por diversos tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
La conmemoración fue instaurada en 1951 durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés, a propuesta de editores y directivos de periódicos nacionales. De acuerdo con investigaciones sobre la historia de la prensa mexicana desarrolladas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la fecha surgió con el propósito de reconocer la labor informativa de los medios de comunicación y promover la reflexión sobre el papel de la prensa en la vida pública del país.
Sin embargo, la historia de la libertad de expresión en México ha estado marcada por constantes desafíos. El historiador Daniel Cosío Villegas documentó en su obra Historia Moderna de México cómo, durante distintos periodos del siglo XX, los gobiernos mantuvieron mecanismos de influencia sobre la prensa mediante subsidios, control del papel periódico y relaciones de dependencia económica. Por su parte, el historiador Enrique Krauze señala en La presidencia imperial que el sistema político posrevolucionario desarrolló formas de control indirecto que limitaron el ejercicio pleno de la crítica pública durante varias décadas.
La protección jurídica de este derecho comenzó a fortalecerse gradualmente. Según el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, las reformas constitucionales en materia de transparencia, acceso a la información y derechos humanos impulsadas durante las últimas décadas ampliaron las garantías para periodistas y ciudadanos.
Estas disposiciones encuentran sustento también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948, cuyo artículo 19 reconoce el derecho de toda persona a expresar opiniones y difundir información sin interferencias.
A pesar de estos avances, el ejercicio periodístico continúa enfrentando importantes desafíos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura han advertido durante años sobre los riesgos que enfrentan periodistas y comunicadores, particularmente en regiones afectadas por la violencia del crimen organizado y la corrupción.
Diversos informes coinciden en que la protección efectiva de la libertad de expresión sigue siendo una tarea pendiente para consolidar plenamente el Estado de derecho.
La relevancia de esta conmemoración trasciende al gremio periodístico. Como explica el jurista Jorge Carpizo McGregor en diversos estudios sobre derechos fundamentales, la libertad de expresión es un derecho habilitador que permite el ejercicio de otras libertades, favorece la participación ciudadana y fortalece los mecanismos de rendición de cuentas. Sin una sociedad informada y con capacidad de debatir libremente, resulta imposible construir instituciones democráticas sólidas.
A 75 años de su instauración, el Día de la Libertad de Expresión continúa recordando que la defensa de este derecho no corresponde únicamente a periodistas y medios de comunicación. Su preservación constituye una responsabilidad compartida entre ciudadanos, autoridades e instituciones, pues de ella depende la existencia de un espacio público abierto, plural y capaz de sostener el diálogo democrático.