Patricia González/Desde el Cristal
El estado de Coahuila tuvo jornada electoral el pasado domingo 7 de junio para renovar el Congreso local. Según los datos presentados hasta ahora por la autoridad electoral coahuilense la alianza PRI-UDC se adjudica el 55.02% de los votos en 16 distritos, números que arroja el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con más del 94 por ciento de las actas computadas.
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que la jornada transcurrió de manera pacífica y que se instaló el cien por ciento de las casillas (4 mil 275) en que 2.4 millones de personas inscritas en la Lista Nominal del padrón electoral ejercieron su voto. El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) denunció “violencia institucional, persecución política y un sofisticado sistema de compra masiva de votos”. Las instancias jurídicas y las autoridades electorales, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tienen la responsabilidad de investigar las denuncias y revisar las pruebas que presentan los inconformes, mientras el PRI festeja el triunfo.
En redes virtuales circulan videos que captaron que personas afines al PRI contaban con listados de votantes a los que se les repartían o se les pagaba 500 pesos por ejercer su derecho electoral a favor del tricolor. Según esto se llevó un control y se entregó el recurso económico si se demostraba con evidencias que el sufragio había beneficiado a los candidatos del PRI. Se mostraban papelitos con un código QR impreso con los que supuestamente se realizaba la compra de los votos. Si llega a comprobarse la compra masiva de votos en Coahuila con sofisticados sistemas podemos decir que aun en nuestro país no estamos listos para vivir la democracia que se busca desde hace varias décadas. Los que compran y venden votos, y los que validan este tipo de elecciones se resisten a salir de esos viejos esquemas que en los reclamos y anhelos ciudadanos no valen un centavo. ¿Cómo exigirle a una autoridad por el hecho de que no cumpla lo que prometió en campaña? El caso de Coahuila es bastante ilustrativo y tenemos que detenernos a reflexionar qué es lo que sucede en México. El movimiento en el poder, Morena, también debe valorar si realmente sus gobernantes y todo aquel servidor público emanado de sus filas ha estado cumpliendo sus encargos, si ha sido eficaz en la solución de problemas, si ha cumplido a cabalidad, de acuerdo a su ideología, con los compromisos adquiridos con los ciudadanos y sus demandas.
Si una autoridad se dedica completamente a trabajar par lo que fue votada en elecciones después de haber realizado una extenuante campaña, su partido debería tener la confianza ciudadana y no temería que un partido contrario u opositor le ganara con trampas. “Hechos, no palabras”, rezaba el eslogan de unos de los gobernantes más congruentes que tuvo Tabasco en un pasado que aun se rememora en estos tiempos.
EN LA MIRA
Comprar votos, cooptar la decisión de las personas, engañar a través de la desinformación y la calumnia son cosas que ya no debieran incidir en ningún tipo de elecciones en nuestro país después de la lección que los políticos mexicanos, y el pueblo en general, vivió en 2018 y 2024. No debe haber retrocesos, volver a las viejas prácticas en la política sería peor que anacrónico. Deberíamos cuestionarnos qué hemos estado haciendo al respecto, en qué hemos fallado.