Patricia González

Sabemos que dentro del abanico de programas sociales que ofrece la Secretaría de Bienestar en beneficio a sectores específicos de la población, puede haber malversaciones de los recursos por parte de aprovechados, o bien, no utilizan las becas, las pensiones y los recursos para el objetivo que son destinados. 

Se supone que dichos programas son otorgados para amortiguar los gastos de las personas de la tercera edad, los discapacitados, las madres solteras, los estudiantes que tienen pocos recursos, para los jóvenes sin experiencia laboral, para el campo… pero todavía hay gente que no capta esa conciencia, y reitero, no es sorpresa. 

La delegada de Programas del Bienestar en Tabasco, Lorena Méndez, reconoció que sí han detectado actos irregulares en empresas y aprendices vinculados a “Jóvenes Construyendo el Futuro”, la situación es que no trabajan, pero se reparten el dinero. 

Indicó que el proceso de corrupción inicia cuando el centro de trabajo o tutor acepta este tipo de conductas, es decir, llegan a un acuerdo. 

En este sentido, cuando la Secretaría de Bienestar llega al centro de trabajo y no hay justificación de la ausencia del aprendiz, en el mismo momento se reporta y se da de baja al centro de trabajo. 

No obstante, Méndez aclaró que no es generalizado este acto de desfalco al Gobierno, pues el programa ha permitido vincular al 60% de los jóvenes a las empresas en las que hicieron sus prácticas, lo cual es buena noticia.

La funcionaria federal también invitó a denunciar con las brigadas de los Servidores de la Nación cualquier irregularidad en programas como “La Escuela es Nuestra”, que a partir de febrero identificarán a nuevos beneficiarios; y la entrega de la Pensión a Adultos Mayores y a Personas con Discapacidad.

Si un adulto mayor, dice Méndez Denis, o una persona con discapacidad nombra a una segunda persona, esta puede tomar la tarjeta y apropiarse del apoyo, a lo que Bienestar puede intervenir a través de los directores regionales, o de manera directa, y la misma delegada precisó que no tiene “ningún impedimento para acudir”. Estos grupos vulnerables no pueden ir fácilmente a denunciar, ya sea por miedo al familiar o por ignorancia. 

Está claro. Por un lado, el gobierno no debe descuidar el destino y regulación de estos recursos que grandes beneficios traen a la población; por el otro, la ciudadanía debe colaborar para el propósito que deben cumplir estos apoyos. 

EN LA MIRA

Ya que hablamos de los programas sociales, a partir de febrero arrancará el nuevo programa ´Salud Casa por Casa´, para evaluar la salud de 208 mil adultos mayores y 24 mil 200 personas con discapacidad, la mayoría con problemas de diabetes e hipertensión. 

Ya se hicieron los censos y se marcaron los domicilios. 

Una buena práctica de “gobierno en territorio”, lo que permite que los servidores públicos acudan directamente donde los necesitan. 

Sobre todo en materia de salud no hay nada más dañino que la burocracia.