Patricia González
Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia en 2018 dio la orden de limpiar de corrupción el Infonavit y asegurar vivienda accesible a los trabajadores. Pasaron seis años y persistieron los vicios. Esto se acabó.
El gobierno Federal sigue escarbando en el Infonavit para descubrir las actividades fraudulentas dentro del mismo organismo, y que se conocen desde la administración pasada. Octavio Romero Oropeza, nuevo director del Infonavit con la presidenta Claudia Sheinbaum, expuso que a través de una red de corrupción en la que se involucran jueces, despacho de abogados, notarios y personal de los poderes de justicia locales, se despojó de vivienda a 249 mil derechohabientes del instituto.
Los perjudicados, miles de los cuales cumplían con sus pagos, no recibieron ninguna notificación previa de que eran demandados sin su conocimiento y se les promovieron juicios en otras entidades a donde vivían; mientras que una veintena de despachos de abogados se agraciaron con pagos ilegales por 29 mil millones de pesos. Por su parte, las comisiones de Administración y de Auditorías del Consejo del Infonavit ni enteradas estaban y no tomaron las acciones correspondientes.
Romero Oropeza indicó que la primera alerta fue en el sexenio pasado, cuando se detectó que en Nayarit se iniciaron juicios masivos contra miles de derechohabientes por lo que el Infonavit ordenó la suspensión de dichos juicios al detectarse todas estas irregularidades.
Ante este despojo ilegal de viviendas, el director del instituto señaló que ya se han promovido denuncias penales en contra de funcionarios del Poder Judicial estatales y contra los responsables de los despachos de abogados que se prestaron a esta red de corrupción.
Como resultado de una investigación a nivel nacional, se encontraron con la cifra de 373 mil derechohabientes que fueron demandados para despojarlos de su vivienda, que incluye a los 249 mil que perdieron su patrimonio y aparte 202 mil viviendas que no se puede escriturar a nadie porque esta se realizaron con juicios ilegales.
Actualmente, las viviendas se encuentran sin dueño, en un vacío legal, que hace imposible ejercer alguna acción legal con ellas, de acuerdo con el funcionario.
A pesar de la orden de detener los juicios masivos, el poder judicial así como nueve de despachos de abogados continuaron bajo un plan ilícito con los juicios en principio individuales pero con la misma estrategia de juicios orales contra 63 mil 44 derechohabientes de distintas entidades.
A ellos se les dificultó su derecho a defenderse porque no eran demandados en su estado de residencia.
EN LA MIRA
La presidenta Claudia Sheinbaum dio la orden de explorar mecanismos para resarcir el daño causado a los derechohabientes afectados, incluso para devolverles sus viviendas; pero Romero Oropeza aclaró que todavía se debe estimar el costo de las medidas al tiempo de continuar con las denuncias que siguen llegando a la Fiscalía General de la República (FGR) contra los funcionarios y despachos notarios responsables de este delito.
También tienen bajo la lupa a Alejandro Murat, quien estuvo al frente del Infonavit durante el sexenio de Peña Nieto; Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, por posible corrupción. ¿Llamarán a cuentas a los directivos que fueron relevados recientemente?