Por Felipe Hernández/Avance
En un momento en que la Inteligencia Artificial comienza a influir en decisiones públicas, servicios y procesos cotidianos, México no se queda atrás, pues presentó este 29 de enero un marco ético que busca marcar límites claros y garantizar el uso responsable de esta tecnología.
La Declaración de Ética y Buenas Prácticas para el Uso de la Inteligencia Artificial en México es un documento que reúne principios que servirán de base para el diseño de políticas públicas y futuras regulaciones, en un contexto donde la IA gana presencia en distintos sectores.
Durante la presentación, se destacó que la inteligencia artificial es uno de los desarrollos tecnológicos más relevantes de la actualidad, pues su aplicación puede mejorar servicios públicos, fortalecer la investigación científica y apoyar la toma de decisiones, siempre que exista un marco que regule su uso de manera adecuada.
El uso de sistemas automatizados sin criterios éticos puede reproducir desigualdades, generar discriminación o afectar derechos humanos, sobre todo cuando estas herramientas se aplican en ámbitos gubernamentales o en procesos de alto impacto social.
Ante este panorama, el documento establece que la inteligencia artificial debe contribuir a ampliar derechos y no a restringirlos, también subraya que toda decisión automatizada debe contar con supervisión humana, lo que implica responsabilidades claras para las instituciones que utilizan estas tecnologías.
La transparencia ocupa un lugar central en el marco ético, pues se indica que los sistemas de IA deben ser comprensibles y explicables para las personas, si una decisión no puede ser entendida o justificada, no debería automatizarse, con el objetivo de evitar procesos opacos.
El texto también promueve una gobernanza colectiva, esto significa que las reglas sobre inteligencia artificial no deben definirse de forma aislada, sino mediante espacios de diálogo que incluyan a la ciudadanía, la academia, el sector empresarial y las organizaciones sociales.
Otro de los ejes es el valor social de la tecnología, ya que la adopción de IA en el sector público debe traducirse en beneficios concretos, como la reducción de desigualdades y la mejora en el acceso a servicios, sin dejar de considerar los impactos ambientales y territoriales.