DAVID MORALES
Cada 5 de junio la Bandera Nacional es izada a media asta en todo el país en señal de duelo por las víctimas de la tragedia ocurrida en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora. El siniestro, registrado en 2009, es considerado una de las mayores tragedias infantiles en la historia reciente de México y un símbolo de la exigencia de justicia por parte de miles de ciudadanos.
La tarde del 5 de junio de 2009, un incendio iniciado en una bodega gubernamental contigua se propagó hacia la Guardería ABC, una estancia infantil subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. El fuego encontró condiciones propicias para extenderse debido a diversas deficiencias de seguridad, entre ellas materiales inflamables en la construcción, insuficientes salidas de emergencia y fallas en los protocolos de protección civil. Como consecuencia murieron 49 niñas y niños, mientras que más de un centenar resultaron lesionados, muchos de ellos con secuelas permanentes.
La magnitud de la tragedia provocó una investigación encabezada por distintas autoridades federales y estatales. En 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que existieron graves irregularidades en la operación y supervisión de la guardería, así como omisiones de diversas autoridades encargadas de garantizar la seguridad del inmueble. Aunque la resolución identificó responsabilidades institucionales, las familias de las víctimas han sostenido durante años que la justicia ha sido incompleta y que las sanciones impuestas no han correspondido a la gravedad de los hechos.
A partir del caso surgieron reformas para fortalecer la protección de la infancia en centros de cuidado infantil. Entre ellas destaca la denominada Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, conocida popularmente como «Ley 5 de Junio», impulsada por familiares de las víctimas y organizaciones civiles. Esta legislación estableció mayores requisitos de seguridad, supervisión y transparencia para las guarderías públicas y privadas del país.
Diecisiete años después de la tragedia, colectivos de padres y madres continúan realizando actos conmemorativos, vigilias y exigencias de verdad y justicia. El caso se mantiene presente en la discusión pública como un recordatorio de las consecuencias que pueden derivarse de la negligencia institucional y de la importancia de garantizar espacios seguros para la niñez mexicana.
Por acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, cada 5 de junio se recuerda a las víctimas mediante el izamiento de la bandera a media asta. Más que una ceremonia protocolaria, el gesto busca preservar la memoria de los menores fallecidos y reafirmar el compromiso del Estado con la protección de los derechos de la infancia.