Patricia González/Desde el Cristal
Los acaparadores de los productos primarios o básicos están ampliando la brecha de la desigualdad entre los productores del campo y los grandes negocios que venden los derivados a precio de oro. Esto va contra la política de justicia a los campesinos establecida por el actual gobierno.
La queja de los agricultores de maíz argumenta que su descontento es porque los oligopolios harineros, Maseca y Minsa, pagan el kilogramo de este grano a un poco más de 4 pesos y ellos venden el kilo de tortillas a 27 pesos. Y así, quienes siembran apenas sobreviven de la venta de sus productos por la gran desventaja que se crea incluso por los intermediarios.
El gobierno, mejor dicho, los gobiernos federal y estatales deberían garantizar que los productos del campo sean comercializados a un buen precio, pues a como van las cosas el descontento de los campesinos y productores agrícolas se puede convertir en un polvorín político aprovechado por la oposición, que está al asecho de cualquier inconformidad. Pero es, sobre todo, de importancia para ser justos con quienes nos dan de comer.
Las instancias gubernamentales tienen que garantizar un mercado para las cosechas. No tiene lógica que los tortilleros suban el precio de su producto al consumidor pero quienes siembran y cosechan la materia prima se mueran de hambre porque les pagan una miseria por ella. Los campesinos campechanos reclamaron hace algunos días al subsecretario de Agricultura, Daniel Cota, que no garantizara el mercado para la producción de 700 mil toneladas de maíz blanco y que éstas cayeran en mano de los acaparadores. El gobierno debe asegurarle a los campesinos que por lo menos recuperen el costo de producción o lo que se viene es una gran crisis alimentaria y lo que menos se desea, la dependencia de productos importados a costo de oro con la política arancelaria del presidente Donald Trump.
Otro problema que aqueja a los agricultores es la escasez de agua debido al acaparamiento de los concesionarios del vital líquido. Es sabido que hasta políticos encumbrados por el viejo sistema poseen concesiones de cuerpos de agua en lugares estratégicos por varios años, y esta es la cancha del gobierno federal y los legisladores de Morena quienes tienen que legislar y resolver con urgencia el asunto, pues se debe poner orden en este sector para que los productores tengan certeza jurídica en el aprovechamiento de las aguas en beneficio de sus cosechas.
Contra el acaparamiento de agua debe legislarse. De no ser así, nuevas manifestaciones explotarán en un corto plazo y como ya señalamos más arriba, hay grupos ansiosos de hallar descontento por lo que sea y a pesar de que algo de razón se tiene en ciertos asuntos, esto perjudicará políticamente a los gobiernos y al pueblo en general pues seguramente una escalada en el aumento del precio de los productos agrícolas.
EN LA MIRA
No estamos de acuerdo con el bloqueo de los caminos y carreteras nacionales, pero los agricultores de los ejidos y las comunidades tienen razón cuando levantan la voz y exigen garantías de riego, mercado para sus productos y un precio razonable para los mismos. Si se deja que el problema crezca aun más, el riesgo para que la economía interna se deteriore y se pierda el terreno ganado en lo económico hasta ahora, podría resultar en un revés político para el gobierno actual en las próximas elecciones.