ABISAC MARQUEZ
El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso local, Jorge Orlando Bracamonte, señaló que cualquier investigación relacionada con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos corresponde directamente al Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), al tratarse del ente con atribuciones legales para revisar cuentas, dar seguimiento a observaciones y, en su caso, presentar denuncias.
Entrevistado sobre la posibilidad de crear una comisión legislativa para investigar señalamientos hechos por el PRI, Bracamonte sostuvo que, aunque podría considerarse, insistió en que la responsabilidad recae en el OSFE, ya que es el órgano fiscalizador que envía los dictámenes al Congreso, los cuales sirven de base para la calificación de las cuentas públicas.
Respecto a las críticas de la oposición sobre presuntas irregularidades que no han tenido consecuencias, el legislador reiteró que el Congreso cuenta con un ente fiscalizador autónomo y que es este organismo el que debe atender, investigar y proceder conforme a la ley. Asimismo, subrayó que la agenda legislativa no se define en función de los señalamientos de un partido político, sino del trabajo de cada fracción parlamentaria.
En otro tema, Bracamonte hizo un llamado a la ciudadanía a participar en los foros ambientales que organiza el Congreso del Estado en coordinación con el Poder Ejecutivo y la Secretaría de Medio Ambiente, con el objetivo de escuchar todas las voces y generar propuestas que permitan impulsar iniciativas para la reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO₂).
Sobre la Comisión de la Verdad, el presidente de la JUCOPO aclaró que no se encuentra estancada y que continúan las reuniones y la presentación de información relacionada con el estado que guarda el ISSET. No obstante, reconoció que existen limitaciones legales, ya que el OSFE solo puede fiscalizar hasta siete años atrás, lo que ha dificultado fincar responsabilidades por hechos ocurridos en periodos anteriores.
Finalmente, explicó que la Comisión de la Verdad tiene como objetivo principal informar a la ciudadanía y a los trabajadores del estado, con datos, cifras y periodos específicos, sobre lo ocurrido en el pasado, aunque las acciones legales están sujetas estrictamente a lo que permite la ley.