Redacción Gaceta/Avance
La guerra mediática en Francia ha escalado a un nivel inédito. Los dos gigantes del audiovisual público, France Télévisions y Radio France, han presentado demandas formales contra CNews, Europe 1 y Le Journal du Dimanche (JDD)—todos pertenecientes al grupo del empresario Vincent Bolloré—exigiendo 1,5 millones de euros por supuestos «ataques» y «competencia desleal».
La maniobra, que pretende castigar a los medios que destaparon el último gran escándalo de parcialidad izquierdista en la radiotelevisión pública, ha sido calificada como un acto de intimidación política sin precedentes. Incluso la propia ministra de Cultura, Rachida Dati, criticó que no se le consultara antes de iniciar estas acciones legales.El origen del conflicto está en el caso Legrand-Cohen, un vídeo filtrado por el medio conservador L’Incorrect que mostraba a dos voces estrella de France Inter—Thomas Legrand y Patrick Cohen—comentando en privado con altos cargos del Partido Socialista estrategias para favorecer al PSOE francés y perjudicar a sus adversarios. Las imágenes revelaron una relación de extrema cercanía entre los medios públicos y la izquierda institucional.Los canales del grupo Bolloré divulgaron el vídeo y denunciaron lo que consideraron la prueba definitiva del sesgo estatal: medios financiados por los contribuyentes actuando como aparato ideológico de la izquierda progresista. Desde entonces, CNews, Europe 1 y JDD han sido acusados por los medios públicos de llevar a cabo una «campaña sistemática de denigración».Las presidentas de France Télévisions y Radio France sostienen incluso que existe un supuesto complot para «privatizar» el sector y reducir la influencia cultural del Estado. Sin embargo, sus críticos responden que lo único que pretenden los medios públicos es silenciar a la única competencia que cuestiona su hegemonía ideológica.El director de CNews, Serge Nedjar, calificó de «irresponsable» que un medio sufragado con dinero público etiquete a sus competidores como «extrema derecha» y luego pretenda arruinarlos en los tribunales. Periodistas de Europe 1 subrayaron que llevan años siendo objeto de ataques constantes por parte de las cadenas estatales.En el Parlamento, el diputado de derecha Maxime Michelet denunció que «hay algo podrido en el reino del audiovisual público»: medios financiados por los contribuyentes que, tras ser expuestos en su connivencia con la izquierda, emplean recursos del Estado para perseguir judicialmente a quienes los fiscalizan.