Por David Morales/Avance
La llamada República Libre de Verdis volvió a circular en redes como un supuesto país surgido en Europa del Este, con territorio propio y ciudadanía activa. Detrás del relato está Daniel Jackson, fundador de una micronación que reclama una franja de tierra en la ribera del río Danubio, en una zona donde Croacia y Serbia mantienen una disputa fronteriza heredada de la disolución de Yugoslavia. La historia existe, pero su estatus dista mucho de ser el de un Estado real.
El territorio que Verdis dice reclamar se ubica en un tramo del Danubio cuya delimitación no está completamente acordada. Croacia considera que la frontera sigue el cauce actual del río, mientras Serbia se basa en mapas históricos anteriores a sus modificaciones naturales. Esta diferencia ha generado pequeñas áreas de jurisdicción ambigua, aunque ninguna ha sido reconocida como tierra sin soberanía, de acuerdo con estudios del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional.
Desde el punto de vista jurídico, Verdis no cumple con los criterios mínimos para ser considerada un Estado. La Convención de Montevideo de 1933 establece que un país debe contar con territorio definido, población permanente, gobierno efectivo y capacidad de entablar relaciones internacionales. En el caso de Verdis, el control territorial es inexistente, su población es mayoritariamente digital y su gobierno no ejerce autoridad real sobre el espacio que reclama.
La respuesta de Croacia ha sido determinante. En 2023, autoridades croatas retiraron a Jackson y a otros integrantes cuando intentaron acceder a la zona por vía fluvial. Posteriormente, se le prohibió el ingreso al país, lo que impide cualquier intento de asentamiento. Esta actuación confirma que, aun con una frontera en disputa, el Estado croata ejerce control práctico sobre el área, como lo reconocen informes de la Comisión Europea sobre seguridad fronteriza en el Danubio.
Ante la imposibilidad de ocupar el territorio, Verdis ha optado por operar como una micronación digital. Cuenta con constitución, símbolos nacionales y un sistema de ciudadanía en línea, aunque sus documentos no tienen validez legal fuera de su comunidad. Casos similares, como Liberland o Sealand, han sido analizados por la Corte Internacional de Justicia en dictámenes sobre soberanía, concluyendo que la ausencia de reconocimiento y control efectivo invalida cualquier pretensión estatal.