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Mil 222 servidores públicos han sido denunciados ante la FGE

Mil 222 servidores públicos han sido denunciados ante la FGE

En lo que va del actual sexenio 2019-2024 han sido denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) mil 222 servidores públicos del gobierno de Tabasco y los ayuntamientos, indican datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional del Seguridad Pública (SESNSP).

El organismo detalla que en el 2019 se presentaron 281 denuncias ante la FGE contra servidores públicos locales; en el 2020 otras 266 y el año siguiente 227.

En el 2022 fueron 178; en el 2023 otras 199 y en lo que va de este año suman 71 hasta mayo.

La actual administración estatal la inició Adán Augusto López Hernández en el 2019, y le siguió Carlos Manuel Merino Campos en agosto del 2021. Es mínimo sin embargo, el número de esas denuncias que concluyen en sentencia condenatoria.

Sobre esas estadísticas, el integrante del Colegio de Abogados Tabasqueños (CAT), Sergio Antonio Reyes Ramos, explicó que entre los delitos por los que son denunciados los servidores públicos están peculado, cohecho, ejercicio indebido del servicio público, y abuso de autoridad, entre otros.

Incluso, agregó, puede tratarse de las denuncias que ciudadanos presentan contra elementos de la Policía Estatal de Caminos (PEC), los llamados agentes de tránsito, que incurren en actos de corrupción.

Otros casos pueden der cuando policías incurren en el delito de tortura, añadió el abogado.

Manifestó que el problema es que al no haberlas homologado con las federales, las leyes anticorrupción en Tabasco son muy debiles y basta con que los acusados paguen una fianza para quedar libres, como -ejemplificó- el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Jorge Javier Priego Solís.

Son necesarias las reformas a nivel estatal para que los delitos cometidos por servidores públicos sean “graves”, pues de lo contrario van a seguir incurriendo en actos de corrupción, dijo.

Indicó que está a la espera de que les entreguen información pública para denunciar a los administradores del club de béisbol Olmecas de Tabasco por intentar privatizar el nombre del Estadio 27 de Febrero agregándole la marca de una gasolinera, incurrieron en coalición contra el patrimonio del gobierno del estado, reiteró.