Y quieren más presupuesto

Felipa Nery

De acuerdo a una auditoría financiera del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral, no encontró 320 vehículos en la base de datos del inventario, 44 automóviles identificados físicamente, no se encontraron registrados en el Sistema de Administración del Instituto, 208 resguardos vehiculares no están a nombre de los titulares de unidades responsables donde están asignados los vehículos oficiales, en 81 vehículos enajenados se continuo pagando la póliza de cobertura amplia y no se ajustó a la póliza de contenidos menos onerosa una vez que fueron autorizados por el Programa Anual de Desincorporación de Bienes Muebles y de Consumo 2019; en nueve casos de vehículos siniestrados no se ha obtenido la indemnización correspondiente; seis áreas del INE pagaron 9.9 millones de pesos en 15 contratos formalizados con terceros para realizar el trabajo que por norma debe hacer el personal del instituto; algunas tareas contratadas se entregaron en forma extemporánea, que van desde ocho, hasta 338 días; por ejemplo, la Dirección Ejecutiva de Servicio Profesional contrató la generación de instrumentos de evaluación de competencias, pero tiene en su estructura cinco puestos con 61 funciones relacionadas con esas tareas; la Unidad Técnica de Transparencia cuenta con cuatro puestos vinculados con tareas como “valoración de cajas”, pero contrató esos servicios; también están pendientes de implementar sanciones, una por 6.3 millones de pesos por la destitución de un funcionario, por irregularidades en obras de la sede del INE en Tlalpan y otra por haberse acreditado el daño patrimonial, por 124 millones de pesos, por la compra con sobreprecio del inmueble del INE ubicado en Acoxpa. Como se puede observar en estas y otras tantas irregularidades que detectó el órgano interno de control del INE, las autoridades despilfarran el recurso público, sin la más mínima consideración; no tienen cuidado en proteger los recursos, sino que los tiran a manos llenas, porque de la misma forma recibían el presupuesto público por parte del gobierno federal, que les autorizaba todo lo que les pedían, sin exigir justificación. Ahora que este nuevo gobierno ha anunciado la disminución del presupuesto público a este órgano constitucional autónomo, por considerar que sus funciones no deberían requerir de tanto presupuesto público, han pegado el grito en el cielo, argumentando que no les pueden disminuir el presupuesto, pero tampoco se niegan a reducirse los estratosféricos salarios que ganan no sólo los consejeros, sino personal de alto mando, que como lo demuestra esta auditoría, sólo están de adorno, porque no cumplen con la función que deberían, porque tienen que contratar personal externo para que realice las acciones que les corresponde hacer, lo que provoca duplicidad de gastos con cargo al presupuesto que emana de los recursos públicos. Así como el mismo órgano de control interno del Instituto Nacional Electoral ha evidenciado el mal gasto del presupuesto público en este organismo constitucional autónomo, lo mismo debería ocurrir con los demás órganos constitucionales autónomos, tanto federales, como estatales, donde sus titulares derrochan el presupuesto público en choferes, en comidas, en viajes, en gastos personales y demás gastos innecesarios. Todo lo anterior demuestra que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no se equivoca al cuestionar el dispendio de estos órganos constitucionales autónomos que estaban al servicio del gobierno y no de la sociedad.